El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia desmintió que se haya desalojado a una familia del lugar donde se construirá una planta de residuos. Además aseguró que esos terrenos no le pertenecen a la familia Peralta y que tampoco viven allí.
En la jornada de ayer se vivió una situación de un aparente desalojo de una familia en unos terrenos en la localidad de El Fuerte, departamento de Santa Bárbara, donde el Gobierno provincial tiene previsto construir una planta de residuos del plan GIRSU.
Allí se presentaron cinco patrulleros para garantizar el ingreso de los trabajadores de la empresa contratada por el Ministerio de Ammbiente para realizar el cercado del terreno donde se va a construir la planta compactadora de residuos.
Sin embargo, una familia, de apellido Peralta, asegura que esos terrenos les pertenecen desde hace más de 25 años. Según afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Agustí Perassi, la presencia de la Policía respondía únicamente a garantizar el acceso de los trabajadores al predio y no a una situación de desalojo hacia la familia Peralta.
Desde el Gobierno aseguran que esas tierras no son de propiedad de la familia Peralta y aseguran tener documentación de que viven en otro lado.
La presencia de los trabajadores suscitó las dudas en la familia que preguntó a qué respondía el delimitado, obteniendo como respuesta que allí se iba a comenzar el montaje de una planta del
plan GIRSU.
Al respecto, el ministro Perassi explicó a la prensa que "un grupo de personas acordonó la hectárea donde va a ir GIRSU, lo que se hizo fue garantizar que entren las personas de la empresa que fue contratada por el Ministerio de Ambiente para hacer el cerramiento de esa hectárea".
"Yo no he visto videos de violencia, el único video que he visto fue el de una señora de apellido Peralta que fue a increpar a los policías que estaban en la barrera y fue separada del lugar por una policía mujer en primera instancia, pero sin haber violencia", aseguró.
Además, Perassi señaló que "en ese terreno ya se va a empezar a trabajar y se va a cercar con un alambrado olímpico, para luego hacer la plataforma donde se van a depositar los contenedores para llenar con la basura que el municipio de El Fuerte saque de los municipios y se compacte porque son contenedores cerrados con tapa, por lo tanto esos residuos van a ser compactados y llevados a San Pedro, donde está la planta de tratamiento", dijo.
Por otro lado, el ministro de Gobierno y Justicia desmintió que esas tierras sean propiedad de la familia Peralta, indicando que "las familias que dicen que viven ahí desde hace muchos años mienten, yo se los puedo decir de frente, los conozco hace más de 20 años, la hermana ni siquiera vive en El Fuerte, vive en San Pedro y don Peralta vive en El Fuerte, pero del otro lado, como yendo a Santa Clara, donde tiene una vivienda desde hace muchos años y está en una parcela que etro del programa de regularización que tenemos. Él mismo manifiesta en la documentación que tenemos que vive ahí, que paga la luz, el agua y Directv en otra tierra que no tiene ninguna relación".
"Este terreno donde está el GIRSU está a 3 kilómetros de El Fuerte, yendo hacia Palma Sola y él vive a 1 ó 2 kilómetros de El Fuerte yendo hacia Santa Clara", sostuvo el ministro. También remarcó que "no hay comunidades originarias registradas ni antecedentes de ellas en El Fuerte, es muy poca la gente nativa de El Fuerte".
Plan de regularización de tierras
Por otro lado, Perassi se refirió al plan de regularización de tierras que el Gobierno está llevando adelante con las familias que poseen boletos de compra-venta de terrenos en el lugar que fueron otorgados por la empresa Forestadora del Norte tras su quiebra en el año 1991. "Estamos avanzando en una regularización de tierras porque en el año 1991, cuando empezó la quiebra de la Forestadora del Norte, las autoridades de la empresa le dieron a la gente 36 expedientes con un boleto de compra-venta en pago por indemnizaciones y por haberles suministrado carne, madera y leña".
"En ese boleto de compra-venta había una cláusula que decía que estaban hipotecadas todas esas tierras, algo así como 30.000 hectáreas y estaba hipotecadas en una hipoteca a favor del Banco Provincia de Jujuy. El Estado provincial decidió, cuando fue la quiebra, comprar las tierras con esas acreencias en el año 2006, tomar posesión en el año 2009 y hubo la intención de que a esa gente que tiene los papeles y esos boletos compra-venta se la regularice", explicó.
Y agregó que "por eso se creó en el año 2019 la comisión de regularización que presido yo y como vicepresidente el ingeniero Humberto García, estamos trabajando haciendo las mediciones de las parcelas, hay una ley que nos autoriza a avanzar en el título gratuito que se les entrgaría a esa gente. Pensamos que este año vamos a solucionar gran parte del tema de toda la gente que tiene la documentación en orden y se lo va a hacer gratuitamente".
Finalmente, el ministro de Gobierno y Justicia enfatizó que "es falso que haya habido un desalojo, justamente en lo que estamos avanzando es en la regularización. Hay parcelas de 6 hectáreas, hay parcelas de 10 hectáreas, otras de 30 y también hay parcelas de 800 hectáreas, según lo que diga el boleto de compra-venta. Todo eso estamos tratando de regularizar".
"Había que garantizar que los trabajadores puedan trabajar y la única forma es con la Policía, no hay otra forma, si alguien quiere agredir a los trabajadores, hay que protegerlos con la Policía. No hay que reubicar a nadie porque no viven en El Fuerte", concluyó.
Proyecto GIRSU
El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Jujuy (GIRSU Jujuy) representa en la política ambiental que lleva adelante el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, uno de los mayores desafíos y una de las más grandes prioridades.
Se trata de un proyecto que tiene como principal propósito ofrecer soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo, en todo el territorio provincial, frente a la problemática histórica de la ineficiente gestión de los residuos sólidos urbanos y la disposición inadecuada a cielo abierto. Con las consecuencias que ello implica y los efectos negativos sobre el ambiente, la salud, las economías regionales, el turismo, etc.
