El ex canciller durante el gobierno de Mauricio Macri criticó la decisión del gobierno de no condenar los atropellos de Ortega en Nicaragua
La Argentina se abstuvo de condenar en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA) las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
La Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, República Dominicana, Honduras y México. Y otra vez, como sucedió en la ONU con su posición sobre los ataques terroristas de Hamas contra Israel, Argentina quedó por afuera de sus socios del Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay.
Jorge Faurie, canciller argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, planteó que la decisión adoptada por la diplomacia de Alberto Fernández “es un error y una tragedia” que contradice la trayectoria iniciada en el país a partir del juicio a los jefes militares de la dictadura realizado durante la gestión de Ricardo Alfonsín.
“Hemos abandonado por completo ese camino, primero al retirarnos de la denuncia contra Venezuela por las violaciones a los derechos humanos, y ahora votando en contra del consenso de 26 países de la región. Esto nos deja del lado de las dictaduras, de las autocracias y de aquellos que no respetan los derechos humanos”, aseguró.
La argumentación del voto de la Argentina en la OEA
Ortega y Murillo ejecutaron una masacre contra la población civil en abril de 2018. Desde ese momento, la dictadura sandinista fue cada día más feroz y siempre sufrió la condena internacional en las Naciones Unidas y la OEA. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández había votado a favor de los derechos humanos en Nicaragua durante una sesión sobre este tema en la ONU. Y se aguardaba que en la OEA repitiera su posición exhibida en la ONU.
No sucedió.
El embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo frente a un proyecto de resolución que exige a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que terminen con las persecuciones políticas y que garanticen la transparencia de las próximas elecciones presidenciales.
Hasta la votación de Raimundi, la Argentina siempre había votado en contra del régimen sandinista. En tiempos de la embajadora Paula Bertol, la administración de Macri asumió una posición de estricta crítica a la dictadura en Nicaragua. Pero eso cambió ayer.
“Yo creo que la decisión del Gobierno no representa a los argentinos que votaron por cualquiera de los partidos que se presentaron en las elecciones de 2019, que quieren vivir en libertad, que quieren que les respeten las ideas que puedan tener y no por eso ir presos, que respeten los derechos humanos, laborales y sociales. Quieren vivir en democracia porque reconocen que en democracia pueden pelear por mejores condiciones de vida y no quieren que alguien se perpetúe en el poder ni se apropie de todo”, analizó Faurie en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio.
1. Expresar su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.
2. Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos.
3. Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países.
4. Continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.
La declaración de condena avalada por una fuerte mayoría en la OEA -26 votos sobre un total de 34 posibles- fue la respuesta multilateral a una caza de brujas desatada por la dictadura de Nicaragua. En las últimas dos semanas, Ortega y Murillo iniciaron una razzia política que implicó la detención de los principales dirigentes de la oposición que tenían intenciones de enfrentar al régimen que ocupa el poder desde 2007.
Ese movimiento represivo implicó la captura ilegal de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, entre otros líderes políticos. Todos fueron acusados por presunta traición a la patria y lavado de dinero.
Y hasta ahora, Ortega y Murillo no aportaron una sola evidencia en contra. Por eso, la OEA exigió su inmediata libertad al régimen sandinista y la preservación de la democracia por encima de los intereses políticos de la dictadura de Managua.
El secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo una conversación de 40 minutos con Felipe Solá para tratar el tema de Nicaragua. Sucedió unos días antes de la sesión en la OEA, y el canciller argentino quedó en contestar acerca de la posición final que asumiría la Casa Rosada.
Alberto Fernández tiene diferencias ideológicas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y no quería aparecer avalando su posición política respecto al régimen sandinista. El Presidente tampoco deseaba aparecer al lado de Bolivia y San Vicente, que apoyaron a la dictadura de Nicaragua.
Optó por la abstención, en una postura junto a México que es su principal aliado en América Latina. Y como sucede en los últimos acontecimientos regionales, Argentina aparece escindida de la agenda común con sus socios del Mercosur. Brasil, Paraguay y Uruguay votaron junto a Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.
