El pedido se basa en las reuniones de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y la quinta de Olivos, poco después de las cuales ambos magistrados tomaron decisiones importantes sobre el caso.
En las últimas horas y a través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal N°8 para que se anule el juicio oral por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en razón de que el desarrollo de su tramitación estaría viciado.
El fundamento de esta solicitud se basa en las visitas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -ambos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal- tanto a la Casa de Gonierno como a la quinta de Olivos,, para mantener encuentros con el entonces presidente Mauricio Macri, en momentos en que debían tomarse decisiones en cuanto al caso.
El voto de los dos magistrados fue clave en la tanto para aceptar a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas(DAIA) como querellante y para reabrir la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman, que había sido desestimada en dos oportunidades previas. La intervención de ambos -que en realidad estaban excusados de actuar en cuestiones relativas a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)- hizo que el caso fuera reabierto en Casación y posteriormente, el fallecido juez federal Claudio Bonadio lo instruyera y elevara a juicio oral, con Cristina como acusada. Ese juicio aún no tiene fijada fecha de inicio.
En el escrito, la ex presidenta pidió además su sobreseimiento y la realización de una audiencia pública en la que pretende exponer prueba antes los jueces. De todas formas, cabe indicar que la anulación ya fue pedida poco después de que, por resolución dictada el 29 de diciembre de 2016, la Sala I de Casación dejó sin efecto la desestimación de la denuncia original, apartó a todos los jueces que habían tomado esa decisión y ordenó remitir la causa a otro magistrado para que la continuara. Todo lo resuelto a posteriori está directamente relacionado con esa decisión de Casación y la posterior instrucción de la causa a cargo de Bonadio.
Es por todo esto que la solicitud de la vicepresidenta considera que también deben extraerse testimonios para investigar a quienes podrían ser partícipes de maniobras ilegales en la tramitación del caso y, en ese mismo sentido, que el Consejo de la Magistratura active el mecanismo de remoción contra los camaristas Hornos y Borinsky, por considerar que la parcialidad de ambos estaría constatada.
La presentación realizada por el doctor Beraldi alegó asimismo que se vulneró la garantía de “juez natural” del caso del Memorandum. También mencionó a la Mesa Judicial del gobierno de Macri, los contactos frecuentes de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con jueces y fiscales y recordó la incidencia de organismos del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), entre otros, que habrían entablado una persecución judicial contra la familia Kirchner. Ahora deberá definir el TOF 8, que integran los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado.
Qué decía el Memorándum
El Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán fue firmado en 2013 por los gobiernos de ambos países en Addis Abeba, Etiopía, como una forma de destrabar la instrucción de la causa por el atentado a la AMIA de 1994.. Constaba de nueve puntos, entre los cuales se destacaba la creación de una Comisión de la Verdad, que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación. Además establecía que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Nisman podrían interrogar a los sospechosos iraníes con notificación roja de Interpol. Este punto preveía que a,bos viajaran a Teherán para sortear uno de los motivos principales que impiden el avance de la causa: según la ley iraní, Irán no puede extraditar a sus ciudadanos y la ley argentina no prevé los juicios en ausencia. El Memorándum habría permitido que el juez y el fiscal argentino interrogaran a los acusados en Teherán y pudieran obtener así una declaración indagatoria de cada sospechoso. Finalmente, nunca llegó a ser aplicado.
