El 30 de septiembre vence el decreto. "Si no se extiende, puede generarse una catástrofe", expresó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.
Se acerca el 30 de septiembre, fecha en que finaliza el decreto que impide desalojos y aumentos, y los inquilinos alcanzados por el congelamiento de precios se preparan para afrontar la diferencia acumulada en octubre. Mientras, crecen las denuncias por incumplimiento de la nueva ley o por presiones para aplicar incrementos.
Crónica consultó con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, para ver cómo sigue el panorama si no se renueva el decreto que rige desde marzo y que protege a los que no pueden afrontar el pago de su vivienda. "La situación es gravísima en materia de presión de inmobiliarias y propietarios para desalojos violentos sobre inquilinos e inquilinas que no pueden abonar el alquiler o que tienen deudas y que no saben adónde van a ir a vivir una vez que finalice el decreto", aseguró.
Para Muñoz, que también es referente de Inquilinos Agrupados, "si el decreto no se extiende, puede generarse una catástrofe, porque nosotros hicimos una encuesta sobre el mes de agosto y arrojó que el 30% de las personas que alquila no puede pagar el mes y, dentro de ese porcentaje, la mitad tiene deudas de dos meses o más de alquiler. Es algo así como 500.000 hogares inquilinos en la Argentina que tienen deudas de dos meses o más", calculó.
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, sólo en la ciudad de Buenos Aires el 35,2% de los hogares es de inquilinos y el porcentaje abarca a más de un millón de personas.
"Esto se va a seguir agravando en la medida en que no se tomen dos medidas básicas y fundamentales, que son la extensión del decreto y un plan de desendeudamiento de los inquilinos. El decreto prohíbe el desalojo, pero ¿cómo hace el inquilino para solucionar esa tensión que empieza a haber entre el que no paga y el propietario que no cobra?, ¿cómo se hace para garantizarle al inquilino que un día va a poder pagar el alquiler y va a tener que dejar de estar en esa situación que depende de un decreto?", se preguntó.
Muñoz destacó, además, que "los que acumulan varios meses de deuda son casi siempre las familias que tienen hijos, porque la gente que no los tiene encuentra más fácilmente un lugar para vivir o alguien que le dé una mano por un tiempo. Por eso, la mayor presión suele ser sobre mujeres solteras con hijos", explicó.
Por otra parte, expresó: "Las inmobiliarias tienen que decir que es una ley boomerang para justificar que después puedan aumentar los precios de los alquileres, para justificar el incumplimiento, para resguardarse de los privilegios que han perdido con la ley que ha tocado los privilegios del mercado inmobiliario. Ellos necesitan decir que la ley aumenta los precios, que es peor para los inquilinos para poder aumentar. Entonces es bastante cínico y es una actitud profundamente miserable en un momento tan delicado como este".
Incumplimientos
"Una gran cantidad de inquilinos denuncian que los amenazan, que en octubre si hacen uso del decreto les van a aumentar un 100%, que les quieren ofrecer un contrato con fecha anterior. Que quieren que se vayan, que aunque les digan que hay un decreto quieren que dejen el lugar igual o les cortan los servicios", repasó Muñoz.
"Lo que también están haciendo es firmar contratos con fecha anterior al 1º de julio, que es cuando entró en vigencia la ley, para poder seguir fijando aumentos semestrales. Entonces a los inquilinos les afirman que esta ley es peor así, que es mejor hacerles aumentos semestrales y no anuales. O les hacen firmar un contrato donde figura que el inquilino paga las expensas extraordinarias, por ejemplo, que es algo que tiene que pagar el propietario. También les avisan que les harán un contrato de dos años y no de tres. O desmienten que tienen obligación de registrar el contrato en AFIP", enumeró entre las prácticas abusivas del momento.
Por último, concluyó: "Sabía que si se votaba una ley de alquileres como la que nosotros estábamos planteando automáticamente el mercado inmobiliario nos iba a declarar la guerra. Ahora dicen que los precios subieron por culpa de la ley, cuando subieron siempre. El problema es que lo están haciendo en un momento muy crítico y sensible. Es en una situación muy compleja para que sigan con las mismas prácticas abusivas de siempre y además extorsionando y apretando a los inquilinos".
