Hubo fuertes críticas sindicales al Gobierno por la “incautación” de 25.000 millones de pesos de las obras sociales y advertencias a Cristina Kirchner de que “existen cosas que hay que corregir y nadie se tiene que sentir molesto porque no estamos en una monarquía”. Pero los cuestionamientos no surgieron del gremialismo opositor, sino de la plana mayor de la CGT oficialista, que, por primera vez se quejó públicamente de la indiferencia de la Casa Rosada ante las propuestas para resolver las “distorsiones” en el sistema de seguridad social.
Sucedió durante el llamado Congreso de Salud de los Trabajadores, organizado anteayer en Parque Norte por el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (IISSS), creado por la central obrera K, que fue un encuentro presentado como un espacio académico de debate de temas de la salud, pero que, en el fondo, procuraba dar una señal de defensa de las obras sociales en momentos en que se agudiza la desfinanciación de estas entidades y en que el Gobierno no brinda soluciones a problemas como el “descreme” del sistema por culpa de la libre elección y la obligación de atender, por un aporte módico, a los monotributistas.
El panel que cerró el congreso estuvo integrado por José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN) y Héctor Daer (Sanidad), y junto a ellos estuvo sentado el líder de la UOM, Antonio Caló, titular de la CGT Balcarce. Por eso el sesgo crítico del discurso de cada uno de los dirigentes completó una postal sugestiva de este final de ciclo del kirchnerismo, en el que el sindicalismo K está reaccionando ante el destrato presidencial.
El primero que habló fue Rodríguez, que consideró que la libre elección de la obra social “rompió el concepto de solidaridad entre los trabajadores” y fue “uno de los elementos distorsivos sobre los que alertamos, pero que nadie desde la esfera de gobierno ha tenido la grandeza suficiente para comprender”. Luego, Cavalieri hizo un relato de “los problemas que tienen las obras sociales porque no reciben a tiempo los aportes y el Estado se queda con los fondos”, y advirtió: “Estamos juramentados para defender este sistema de obras sociales, y ojo con que lo toquen porque los trabajadores van a pasar por encima de los dirigentes que no sepan defenderlo”. Daer se quejó de que “siempre tuvimos promesas, pero nunca una solución” por parte de los funcionarios y que el dinero de las obras sociales “es plata de los trabajadores”.
Pero fue Lingeri el que fue más allá. Primero habló de la “incautación” de los 25.000 millones de pesos, “plata de los trabajadores que debe volver a los trabajadores, como lo deben entender los gobernantes”. Y agregó: “Se han hecho cosas muy buenas en este gobierno, pero también existen cosas que hay que corregir y nadie se tiene que sentir molesto porque no estamos en una monarquía sino en democracia, y en democracia se debe escuchar al pueblo, a sus dirigentes y a sus representantes. Los dirigentes gremiales también pasamos por el voto de los trabajadores y hoy representamos a 18 millones de trabajadores que cada cuatro años nos votan”. Caló no habló porque había inaugurado el congreso por la mañana, pero, como todo el auditorio, aplaudió las palabras de sus colegas con un énfasis que fue toda una definición política.
