20.03.2015 || Esta actividad se desarrolla en la provincia desde hace mas de 15 años, durante los cuales hubo siempre asperezas con el sistema formal de transporte. Como también hubo una gran desidia del gobierno provincial que miró para otro lado privilegiando al establishment corporativo del transporte.
Recordemos que Jujuy se encuentra con una ley de emergencia en materia de transporte desde hace mas de una década.
A pesar que desde el gobierno nacional se lleva adelante una excelente política de subsidios con el propósito de facilitar el acceso al transporte a todos los ciudadanos, a tarifas bajas, y servicios óptimos; Jujuy esta relegada, esquiva y contraria a esas disposiciones inclusivas.
En este sentido se niega sistemáticamente a incorporar la tarjeta sube a toda la provincia para facilitar un ordenamiento en la distribución del subsidio, haciéndolo más eficiente y transparente, donde la inclusión de los trabajadores -interjurisdiccionales- descalificados y perseguidos por el gobierno de Jujuy, podrían ser incorporados en un sistema integral. Ellos hicieron un gran esfuerzo para institucionalizarse como una federación de cooperativas, por recomendación del gobierno jujeño.
Sin embargo, el hilo se corta por lo mas delgado, el perverso sistema gubernamental decidió aplicar el físico para expulsar a los trabajadores del volante de las rutas provinciales, quitando una fuente de trabajo a mas de 500 familias, que hicieron del servicio una industria.
El proyecto de la ley que podría reglamentar y ordenar esta actividad, sigue cajoneado, pero esta en la órbita oficial, por lo tanto, desconocerlos es un contrasentido a su responsabilidad de buscar la inclusión, el trabajo y la equidad.
En ausencia de los políticos, la justicia debe hacerles entender a los empresarios que en un sistema subsidiado, donde la política de estado se resume al acceso del transporte como servicios a bajo costo, no pueden ser sectarios, al contrario deben proceder a reglamentar un ecosistema de servicios en cívica convivencia, lo cual no será posible si se privilegia el lucro corporativo, por encima de los derechos de los usuarios y de los trabajadores.















