Para arribar a esa conclusión, el máximo Tribunal Penal del país entendió que de ninguna manera se acreditó la participación de los nombrados en los delitos investigados. La resolución estuvo a cargo del juez federal Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.
También confirmó la resolución que decretó la nulidad e ilegalidad de la designación del abogado querellante Pablo Miguel Pelazzo como fiscal ad hoc.
Blaquier y Lemos habían sido procesados por la justicia federal de Jujuy por considerarlos cómplices de las detenciones ocurridas en la tristemente célebre Noche del apagón. Según la investigación de la acusación, los empresarios habrían facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los apresados a un centro clandestino de detención. Sin embargo, Casación consideró que que no hay pruebas para acreditarlo.
Tal como se ha venido sosteniendo desde el inicio de estos injustos procesos, Ledesma S.A.A.I. no colaboró de ninguna manera con los delitos investigados, y está demostrado fehacientemente que ninguna de las detenciones producidas durante la dictadura tuvo vinculación con la empresa.
"La empresa Ledesma S.A.A.I continuará colaborando con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad", dijo la empresa Ledesma en un comunicado de prensa
DOS AÑOS DE INJUSTO CALVARIO
Finalmente la Justicia puso las cosas en su lugar y revocó definitivamente los procesamientos instruidos en contra del empresario Dr. Carlos Pedro Blaquier en las causas iniciadas en su contra por una presunta, y ya descartada, participación en los hechos ocurridos en la Noche del Apagón en julio de 1976.
Desde el 2012, un aparato persecutorio y revanchista había iniciado una embestida judicial en contra del entonces presidente del Ingenio Ledesma, logrando su procesamiento en causas dos por delitos de lesa humanidad.
Después de dos años de acciones judiciales tendientes a lograr un encarlamiento emblemático, con una imputación endeble, arbitraria y contraria a derecho, sostenida en pruebas falsas y una visión sesgada del contexto histórico, se hizo por fin Justicia y se desvinculó definitivamente al Dr. Carlos Pedro Blaquier de las falaces acusaciones que mancharon el honor y la honra de un empresario que dedicó su vida a un ingenio que es uno de los principales motores de la economía de Jujuy, y proveedor de más de 8.000 puestos de trabajo.
A pesar de los esfuerzos de la defensa del ex titular de Ledesma SAAI en probar que Ledesma nunca prestó camionetas ni colaboró con las fuerzas de seguridad para la detención o traslado de persona alguna, representantes ilégitimos de la Justicia resistieron hasta el final en la embestida judicial montada para afectar el buen nombre y honor de un hombre de bien que tanto ha hecho por la industria de Jujuy.
No pudieron probar, a pesar de las pruebas falaces e inventadas, y de testimonios de testigos instruidos y de ex detenidos, la presencia de Blaquier o de alguno de los directivos de la empresa en los luctuosos hechos en los que se pretendió involucrarlo.
Por otro lado, y a pesar de un esfuerzo mediático de presentar a Ledesma SAAI como supuesta beneficiaria de las políticas de la dictadura, los verdugos del circo judicial tampoco pudieron lograr el objetivo de manchar la intachable reputación de Ledesma.
Durante la dictadura militar (1976-1983) la rentabilidad promedio de la empresa bajó al 3,6% anual, cuando en el período 1927-1975 esa cifra había sido de 11,3%, en promedio. Ledesma no sólo no se benefició sino que, por el contrario, y tal como ocurre con cualquier industria azucarera en el mundo, se vio seriamente perjudicada por las políticas neoliberales aplicadas en la Argentina por el Proceso de Reorganización Nacional.
LA FALACIA DE LA PERSECUCIÓN GREMIAL
A lo largo de un injusto y arbitrario proceso, alejado de las garantías constitucionales, la defensa del Dr. Blaquier demostró que ninguna de las 29 personas detenidas era gremialista o sindicalista, y solo 9 de ellas eran empleados de Ledesma. Los legajos laborales, aportados por la defensa, confirmaron que ninguna de ellas tuvo jamás conflictos o problemas con la empresa. Hecho que dió por el suelo con los prejuicios del juez a quo que había fundado el procesamiento, en uno de sus considerandos, en una supuesta connivencia entre la dirección de Ledesma SAAI y el Proceso de Reorganiación Nacional en la persecución de gremialistas porque representaban, en la imaginación del juez, un escollo para el desarrollo económico del ingenio Ledesma.
Es un hecho probado que cinco de las personas detenidas continuaron trabajando en Ledesma cuando fueron liberados, y tres de ellos siguen trabajando actualmente.
Por otra parte, los dos dirigentes gremiales más importantes de esa época, uno de ellos preso durante la dictadura y el otro exiliado del país hasta el retorno de la democracia, han prestado declaración ante el tribunal dando testimonio de que Ledesma y los gremios siempre han mantenido un diálogo fructífero y cordial.
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO
La defensa del Dr Blaquier denunció reiteradamente la comisión de serias irregularidades durante el proceso, denuncias que además del silencio de algunos medios, cayeron en saco roto ante la propia Justicia utilizada como ejecutora de un plan sistemático de hostigamiento en contra de ciudadanos argentinos individualizados y estigmatizados como "colaboradores de la dictadura civico militar".
El juez natural fue forzado a renunciar, y por si fuera poco, un abogado querellante fue designado fiscal ad hoc, violando la ley argentina y el Tratado de Roma sobre Derechos Humanos.
Por otra parte, en 2012, al concurrir al juzgado federal de Jujuy, el Dr. Carlos Pedro Blaquier sufrió un grave atentado que le impidió ejercer allí su derecho a declarar. Este atentado aun sigue impune, como otros tantos atentados cometidos contra ciudadanos y referentes políticos de la provincia.
Se ha permitido la incorporación de testimonios tomados por fuera del proceso judicial, sin juramento de decir verdad y sin participación de la defensa del ex titular de Ledesma SAAI.
















