La unidad opositora de Diputados que acelera una ley para reducir los tarifazos de servicios públicos avanzará luego con un proyecto destinado a frenar el crecimiento de la deuda externa, el atajo preferido del Gobierno para cubrir su abultado déficit fiscal.
No es un tema nuevo: en 2016, tras avalar el pago a los holdouts, la oposición impuso en el Senado una ley para custodiar cada salida a los mercados internacionales de Luis Caputo, por entonces secretario de Finanzas.
Consistía en impedir "operaciones de crédito público" sin autorización del Congreso, que debería acceder al monto, plazo de amortización, origen y destino de cada financiamiento.
El Gobierno tendría que acompañar el presupuesto de cada año de esos datos y sólo podría cambiar de rumbo con otra ley.
Al igual que sus antecesores, a Macri le alcanza con pedir al Congreso la autorización del plan financiero con la deuda necesaria para cubrir los gastos y luego coloca bonos cuando quiere y a las tasas que prefiera.
Este año fue habilitado a emitir 30 mil millones de dólares, y otros 10 mil por letras locales y "Repo" con Bancos; y en 2019 serían otros u$s 26 mil millones en papel estadounidense.
Desde que llegó a la Casa Rosada el presidente tomó deuda por u$s 80 mil millones y elevó el pasivo a u$s 320 mil, el 70% en moneda extranjera, o sea, sujeta a los avatares del tipo de cambio. "Sería muy difícil pedirle permiso al Congreso en cada emisión, porque a veces salen oportunidades rápidas", se excusó Caputo en septiembre, cuando presentó el presupuesto.
En enero se comprobó que no mentía: captó 9000 millones de dólares en Wall Street antes que la tasa de referencia de Estados Unidos empezara a subir. "Los bonistas perdieron 500 millones de dólares", se jactó el ministro en su exposición ante la bicameral de deuda.
Cambiemos maniobró en el Congreso para evitar una ley que siga de cerca el rojo financiero. La aprobada en el Senado (que limita también las emisiones de empresas del Estado) está bajo siete llaves en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por el macrista Luciano Laspina, que este miércoles la abrirá para debatir los proyectos sobre tarifazos.
Accedió recién cuando FpV-PJ (kirchnerismo), Argentina Federal (el bloque de los gobernadores) y el Frente Renovador (massismo) consensuaron un texto común en las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor.
Las charlas finales las tuvieron Diego Bossio y Sergio Zillioto (AF), Marco Lavagna (FR) y Axel Kicillof (FpV-PJ), que en el plenario abandonó su intransigencia habitual e instruyó uno a uno a sus pares a firmar el dictamen, que al día siguiente una mayoría holgada defendió en el recinto.
Fue todo un golpe bajo para el Gobierno, porque una supremacía opositora sólida y coordinada termina saliiéndose con la suya. Puede llamar a una sesión especial cuando quiera y si una Comisión no se reúne porque su presidente esconde expedientes, la convoca en el recinto con temario incluido.
Es por eso que Macri aclaró a sus ministros que no tendrá problemas en vetar una ley sobre tarifas y terminaría en la misma situación si el Congreso limita las giras de Caputo por Wall Street.
"Tal vez no usemos el proyecto del Senado. Estamos escribiendo uno propio", confirmó uno de los referentes de la oposición de Diputados que trabaja en la próxima embestida.
Es un asunto complejo y más de un díscolo acepta que, si Macri insiste en financiarse con deuda y las tasas de Estados Unidos siguen moviéndose hacia arriba, las maniobras de Caputo para pagar menos intereses no pueden prohibirse sin un plan B. Pero algún límite quieren poner, aunque solo sea para evitar una pesada herencia.
Al Gobierno puede servirle que el tema vuelva al Senado porque el dialoguismo de Miguel Pichetto y sus dirigidos, de mínima, podría estirar los tiempos hasta septiembre, cuando llegue al Congreso el nuevo presupuesto y haya que abordarlo.
No es el escenario de la Cámara baja, donde uno de los más interesados en mirar los balances externos es Lavagna.
En la bicameral de deuda, poco antes del incidente de Gabriela Cerruti y de la huida del Caputo, le pidió restringir el pago de los intereses al 15% de sus gastos corrientes, un límite que la Nación le impuso a las provincias en el pacto fiscal pero no lo aplica en su administración.
Y lo acorraló con datos que grafican el riesgo de comprar divisas a mansalva para paliar el déficit, aun cuando el relato oficial insista en que es y será la deuda más baja de la región en relación al PBI.
"¿El único dato que están mirando es deuda sobre PBI? ¿O miran deuda sobre exportaciones? ¿O intereses sobre gasto total o ingresos totales?", preguntó el massista.
Y recordó que "en 2001 el ratio deuda-PBI estaba similar al de hoy", pero el peso de los intereses en el presupuesto forzó a una abrupta devaluación y a la crisis más grande de la historia.
"Si algo tenemos que hacer es reducir la dependencia externa y depender del ahorro externo. Eso es confianza y buenas relaciones. Esa es la solución de mediano plazo", fue la escueta salida de Caputo.
