Por Benjamin Urdemales || Entramos en unas de esas semanas que se dividen entre la recta final del mes que se va y la recta inicial al mes que comienza. Se nos fue febrero, el mes más corto del año en el que, a pesar de que a muchos todavía los tiene agarrados el Carnaval, dio bastante qué hablar, sobre todo en los últimos días. Termina con interesantes temas irresueltos que se trasladan a marzo, como las paritarias docentes en todo el páis. Y termina con una apertura en el debate de la despenalización del aborto que los argentinos, como sociedad, nos debíamos hace rato.
MARCHA 21-F
Sin dudas, entre los temas más sobresalientes de la semana que pasó, tanto en el ámbito nacional como provincial, fue la profundización de la conflictividad gremial, con los docentes a la cabeza y en pie de guerra en todo el país.
La oposición parece que está para que la encabece cualquiera, pues hasta el momento la muestra más contundente de oposición y rechazo al nuevo modelo de país, con todas las reformas que implica, la dio nada menos que Hugo Moyano con una convocatoria importante en la 9 de Julio.
A falta de referentes, en todo el abanico de la oposición, que puedan encarnar la deseada unidad para enfrentar al macrismo, dicha orfandad de liderazgo permitió que un sindicalista hoy tan cuestionado como Hugo Moyano se pudiera subir a la palestra, rodeado de los sindicalistas que aun le responden, y ahora junto al kirchnerismo y a la izquierda. Una peligrosa mezcla volátil.
El poder de convocatoria de Hugo Moyano, a pesar de las deserciones y las traiciones de parte del sindicalismo ortodoxo, parece mantenerse intacto y hasta mejorado. Justamente, es lo que tiene que en la vereda de la oposición no haya nadie potable para catalizar la llamada "resistencia". Todos están cuestionados, procesados, imputados, y quemados. El mismo Moyano está en la misma situación, pero al parecer la vergüenza no es uno de los frenos morales en la conciencia del camionero.
Hay que reconocer que la marcha fue importante, pues fue la primera muestra de poder en cuanto a convocatoria y manejo de la calle en dos años. Entre 200 mil y 400 mil personas, dependiendo a quien se le pregunte, fue la multitud que movilizó el llamado de Moyano. Aunque, cabe aclarar que con la ayudita del aparato clientelar del peronismo que, al igual que el poder de convocatoria del camionero, parece seguir intacto.
La marcha en sí, fue para visibilizar el rechazo a una serie de medidas que comenzaron a implementarse desde diciembre pasado. Y sobre todo para hacer oír el clamor de una parte de la población que perdió la paciencia porque todavía no siente en el bolsillo las supuestas bondades del modelo de Macri.
Sin embargo, la marcha quedó desteñida por el olorcito a defensa corporativa de un sector de dirigentes políticos y gremialistas que tienen miedo correr la misma suerte que el camionero, en cuanto a los problemas con la Justicia, y por ello abren el paraguas y hacen de apologetas de un líder sindical que, como tantos en este país, no puede justificar el abultado patrimonio, y que debería estar en decadencia.
Desde el gobierno respondieron "a lo Kirchner". Sorpresivamente y contra todo pronóstico, Macri decidió ahondar las medidas que viene tomando en torno a los gremios, y ya está en marcha un proyecto por el que se le quitará el control de los fondos de las obras sociales a los sindicatos Justo donde más duele.
Transcurrida la marcha, Moyano tendió la mano al gobierno para reiniciar el diálogo pero en el Gobierno hay cautela y la rechazaron amablemente "por ahora", hasta tanto se pueda acordar un clima sin presiones y mientras tanto los temas del encuentro no estén vinculados a incumbencias de otros poderes. En este gobierno no quieren saber nada con escuchar quejas sobre otros poderes, sobre todo porque se tiene la convicción de que nada se puede ni se debe hacer al respecto.
Con esta marcha de por medio, los docentes en Buenos Aires, CABA, y de allí donde se esté dando la discusión paritaria por la recomposición salarial para este año, se sienten un poco más sólidos en la posición de rechazo a los ofrecimientos, sobre todo cuando desde las CTA, tanto Yasky como Micheli prometieron un paro nacional en marzo en caso de que no se avance en esta negociación que resulta clave para la mayoría de los sindicatos de empleados públicos.
LA PARITARIA DOCENTE, UN DIÁLOGO A LOS GRITOS ENTRE SORDOS
En nuestra provincia no ocurre algo distinto. Docentes y Gobierno ya se han sentado dos veces a negociar la recomposición. No hay acuerdo hasta ahora. El ofrecimiento del gobierno parece una burla. Hay que decirlo así, sin anestesia, teniendo en cuenta el índice de inflación oficial tanto nacional como provincial, que miden respectivamente el INDEC y la DIPEC.
Los docentes no solo reclaman un porcentaje de aumento cercano a la inflación real, sino que aun están a la espera de una recompsoción salarial prometida que quedó trunca en año pasado pues nunca se realizó. El gobierno les había prometido, también a los demás empleados públicos, reajustar, en algún punto, el aumento otorgado el año pasado, que quedó 15 puntos cortos debajo de la inflación oficial. Por esa razón, ningún gremio, en su sano juicio va a aceptar un aumento "a cuenta". Sencillamente no volverán a caer en la trampa del 2017.
También exigen la aplicación de la cláusula gatillo y, entre otras cosas, hay particularidades propias de la actividad docente que continúan irresueltas, como el boleto docente y la devolución de días descontados.
Por ahora el gobierno se mantiene inflexible en la postura del 5% y unos aumentitos aquí y allá en suplementos no bonificables, es decir, “en negro” ya que no repercutirán en la jubilación. Son los viejos y confiables engañapichangas para salir del paso que utilizan siempre desde el gobierno, independientemente del color político. Es uno de los sentidos en que no hemos cambiado.
Así como están las cosas, el acuerdo se mantiene tan o más lejano que antes. Y peligra el inicio de clases.
¿PANTALLAS DE HUMO PARA DESVIAR LA ATENCIÓN?
Dicen las malas lenguas que, tanto el gobierno nacional como provincial, improvisaron la instalación de temas en el debate público a modo de pantalla de humo para evadir realidades como, por ejemplo, la paritaria docente o la venta del Ingenio La Esperanza, y ganar, por esta vía, apoyo popular.
Eso aseguran las malas lenguas y los suspicaces de siempre, aunque la verdad es que son temas que arrastran una buena cantidad de años entre los reclamos sociales ignorados. Nunca se prestó la debida atención, sea porque eran tabúes, o porque no era conveniente al modelo de política clientelar.
Lo cierto es que el Gobierno Nacional, pocas horas después de la Marcha 21-F, instaló el tema del aborto y su posible despenalización. Y el gobierno provincial, en medio de una paritaria docente condenada al fracaso y de una peleaguda venta del Ingenio La Esperanza, hizo lo propio poniendo en conocimiento de la sociedad la propuesta del ministro Bouhid sobre el cobro de seguros médicos a extranjeros.
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Si esto es como dicen los suspicaces, no dejaría de ser una jugada magistral. Pero lo cierto es que es un temas que prácticamente no tiene bandera política, puesto que el aborto es reivindicado por cuanta rama femenina existe en los distintos partidos políticos.
Si bien hay que reconocer que fueron las feministas quienes mantuvieron el tema siempre visible, y siempre vigente, solo a los más fanáticos escapa el hecho de que la necesidad de la despenalización del aborto es un reclamo de gran parte de la sociedad. Y nos hace muy bien como sociedad que se dé, de una buena vez, este debate que nos debíamos hace rato.
Las posturas sobre la despenalización son muy variadas, y llegan hasta los extremos más radicales, desde una completa prohibición, aun hasta en esos casos permitidos por la ley, hasta una permisividad irrestricta y absoluta, al punto de concebir al aborto como un derecho.
De ninguna manera puede concebirse al aborto como un derecho, pues no puede existir un derecho a poner fin a una vida. Es un hecho científico y un concepto jurídico arraigado que la vida comienza en el momento de la concepción. Se cae de maduro que cuando se unen los gametos estamos en presencia de un ser humano en formación, y no en presencia de un marciano. Por ello el Pacto de San José de Costa Rica, de rango constitucional, así lo sostiene en su articulado, obligando a los Estados firmantes a proteger jurídicamente la vida desde ese momento.
Ahora bien, el aborto es una realidad que ocurre día a día. Miles de mujeres abortan, independientemente de si es ilegal o está penalizado. Y hay una cantidad de profesionales que lo practican en la clandestinidad, en clínicas a las que solo pueden acceder aquellas con recursos económicos.
Aquí surge el gran dilema. La realidad nos indica que las mujeres que no tienen los suficientes recursos para recurrir a la medicina privada, recurren a curanderas y enfermeros del barrio, donde los abortos son practicados con métodos que van de lo peligroso hasta lo anticientífico.
Por esos métodos, y a falta de regímenes de antibióticos y seguimiento médico de una paciente, es que muchas mujeres mueren a causa de estas prácticas en las que se utilizan instrumentos rudimentarios como perchas, ramos de perejil, o brebajes de dudosa eficiencia y elaboración. Aun en los casos en que se suministran pastillas abortivas, la dosis muchas veces no es la correcta, y nunca está ausente el riesgo de pastillas vencidas o dadas fuera de término. Podríamos invertir mucha tinta en cuanto a las condiciones en que se realizan muchos de los abortos clandestinos, pero no es el objetivo de estas líneas el concientizar sobre estos peligros.
El objetivo de esta reflexión es dejar en claro el hecho de que existe una realidad y que la ley debe reflejar la realidad, libre de supersticiones religiosas o jurídicas. También dejar en claro que, aunque exista una realidad, bajo ninguna perspectiva se podría concebir este reconocimiento de los hechos como un derecho.
Es necesaria una ley definitiva al respecto, que delimite los casos permitidos. Así se podrían evitar las absurdas judicializaciones por parte de fanáticos religiosos, por un lado, pero más importante que eso se podrá brindar a toda mujer la alternativa de obtener este procedimiento en un hospital público, gratuitamente, con todas las garantías posibles, previa decisión informada.
Es hora de avanzar. De la misma manera que en su momento se avanzó con el divorcio o con el matrimonio igualitario. Es el momento de poner nuestra legislación en consonancia con la realidad.
El gobierno nacional hizo muy bien en poner este tema en el debate, y ojalá se pueda avanzar, sin apuros, con la debida y profunda discusión. Tampoco es cuestión de aprobar algo a las apuradas para cumplir con una fecha como el Día de la Mujer, como pretenden algunos.
COBRAR A LOS EXTRANJEROS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN LA PROVINCIA
El gobierno provincial anunció un proyecto de ley para cobrarle, en principio al Estado Boliviano, por la atención médica de sus ciudadanos en los hospitales públicos de la provincia.
Más allá de la controversia y la grieta que se ha generado, lo cierto es que esta es otra realidad que debe atenderse cuanto antes. A nadie escapa el hecho irrefutable de que miles de ciudadanos bolivianos vienen a Argentina solo a hacer uso y abuso de la generosidad de nuestras leyes.
Debe quedar en claro que una medida de este tipo no puede incluir, de ninguna manera, a aquellos residentes bolivianos que forman parte de nuestra comunidad, porque ellos si sostienen el sistema a través de sus impuestos y contribuciones. Una iniciativa de este tipo solo debe alcanzar a aquellos que solo vienen a aprovechar el sistema.
El gobierno argentino le había propuesto al gobierno boliviano un convenio de reciprocidad, pero el Estado Plurinacional de Bolivia, amparándose en su derecho interno, rechazó tal posibilidad. De manera que, al menos desde esa vereda, no tienen de que quejarse. La reciprocidad debería ser la medida de toda relación internacional seria.
El problema, hay que decirlo, surge de la letra de nuestro derecho interno, desde la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados internacionales de rango constitucional, y algunas leyes. En ellos se trata de idéntica manera a los "habitantes" sin hacer un distingo entre habitantes, ciudadanos y residentes.
Es un tema que hay que estudiarlo bien, porque no por querer hacer algo que está bien vamos a terminar haciendo un mamarracho jurídico que termine en seria contradicción con las leyes vigentes. Hay que emprolijar todas esas posibles fallas antes de darle curso al proyecto, no sea que luego lluevan las acciones de inconstitucionalidad.
Esto nos lleva a considerar que va siendo hora de una reforma constitucional, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Las constituciones, como todas las leyes, deben reflejar la realidad. La realidad que vieron los constituyentes de 1853 es muy diferente a la realidad que vivimos hoy.
En 1853 el país necesitaba de una inmigración masiva para sumar nuevas almas al proyecto de nación que era en ese momento Argentina. Pero el tiempo pasó, y hoy surge la necesidad de ser más selectivos con el tipo de inmigración que queremos, y con la extensión de derechos, que solo debería corresponder a los ciudadanos nativos o por opción, a personas que solo son residentes o que solo vienen circunstancialmente a aprovecharse de nuestras leyes.
La misma problemática que sucede con la Salud, sucede con la Educación. Hay una enorme cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a educarse gratuitamente en nuestras universidades, y que una vez recibidos se vuelven a sus países sin devolver nada a la sociedad que invirtió en su educación.
De nuevo, no se trata de un problema de xenofobia, sino de aplicación de una racional reciprocidad. El proyecto del ministro Bouhid está, no solo en sintonía con lo que piensa gran parte de la sociedad, sino con el sentido común. Si hay alguna duda al respecto se podría hacer una consulta popular.
