Por Benjamín Urdemales -- Una semana corta que prometía ser un mero trámite en esta recta final del 2018, se agitó este martes cuando tomó estado público, y se convirtió en tema del día, la situación del hasta ahora director de Juventud, Matías Rivera, quien según fuentes policiales fue protagonista de un triple accidente de tránsito en Alto Comedero, y quien terminó denunciado por los policías intervinientes por "atentado y resistencia a la autoridad" luego de constatarse positivamente que el joven funcionario superaba el dosaje de alcohol permitido.
Tras corroborar las fuentes y la veracidad de los hechos que llegaron a conocimiento de distintas redacciones, solo tres medios, incluido este, difundimos la información.
El joven funcionario, lejos de una autocrítica o de un esperado mea culpa, reaccionó quizás tan furibundamente como lo hizo contra los uniformados el domingo 24 -cuando se constató que la alcoholemia le daba positivo-. Negó "categóricamente" la noticia en su perfil de Facebook, y deslizó una amenaza, de accionar judicialmente, en contra de quienes difundan la información.
Inmediatamente un ejército de militantes salió en su defensa a acusar a los medios que difundieron la información, de ser "peronchos y choriplaneros" por difundir una información "falsa" e intentar "escrachar" a una buena persona para ensuciar su buen nombre. Más allá del fanatismo político, quien señala algo que está mal ¿es inmediatamente un "peroncho y choriplanero" por hacerlo? ¿No puede un partidario de este gobierno criticar y señalar lo que está mal, en este caso pésimo? Si es así caemos muy bajo porque ser partidario no tiene por qué implicar complicidad, ni ser sinónimo de obsecuencia.
Durante el transcurso del día, el joven funcionario fue variando su versión, desde negar categóricamente haber participado del triple accidente, hasta acusar a los policías y al ayudante de fiscal Andrés Lavilla, de fabricar una causa en su contra por un "mal procedimiento". En el medio de esas variaciones, admitió también haber participado del incidente, aunque de manera indirecta.
Ello hasta que trascendió en las redes sociales una fotografía del libro de novedades de la Unidad Regional 7 donde se daba cuenta de los hechos, con los nombres, automóviles y grados de alcoholemia de todos los involucrados.
Posteriormente el joven funcionario anunció, por la misma red social, en la que horas antes había negado "categóricamente" haber participado del accidente, la puesta a disposición de su renuncia con el objeto de garantizar una investigación imparcial en la Justicia, y con el ánimo de proclamar de esta manera, su inocencia.
Pues bien, hasta aquí una escueta crónica de lo que fue el culebrón de la semana. Solo nos falta conocer el desenlace inmediato y el desenlace final de un lamentable episodio en el que un funcionario provincial demostró una inconsecuencia con lo que predica, dejando muy mal parado a su gobierno y a quienes le dieron la confianza y responsabilidad de representar a la Juventud.
A muchos de quienes ejercemos esta noble oficio de informar nos constaba lo buena persona, la militancia, y el cariño y afecto que muchos tienen -o tenían- por Matías Rivera. Sabíamos de sus ideales, de su compromiso con la causa del Gobierno del Cambio -del que reiteradas veces nos pronunciamos partidarios-, y de haber llegado donde llegó por méritos propios de su esfuerzo personal.
Pero todo ello se torna un castillo de naipes cuando se constata una actitud soberbia que no solo desplegó ante los uniformados, que también son funcionarios públicos que están para cuidarnos y garantizar el órden, sino cuando mediante solapadas palabras intentó amedrentar a la prensa para que no cumplamos con nuestra función.
¿Una persona de bien, una buena persona, con todos esos valores que se asegura -y que queremos seguir pensando- que posee el joven Matías Rivera, tiene necesidad de maltratar policías por cumplir con su deber o intentar amenazar periodistas por cumplir con su función?
Solo el tiempo y la Justicia determinarán, si es que hay una justicia independiente como constantemente se nos asegura, cómo fueron los hechos ocurridos este fin de semana. Por ahora, hay una cantidad de testigos, un test de alcoholemia, una denuncia penal, y un reporte policial que nos indican algo, y si hay algo que hemos sostenido desde estas líneas editoriales es que, a priori, debemos confiar en los reportes de la Justicia y de la Policía. Ello, por supuesto, otorgando siempre el beneficio de la duda a quien pone a un reporte policial en tela de juicio. Pero, en este caso, se invierte la carga de la prueba, y es quien acusa de falsedad o de invención de causa, quien deberá aportar las pruebas para comprobar lo que afirma.
El acusado de la comisión de un delito, siempre goza del principio de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario. En este caso, el joven funcionario es acusado por miembros de la fuerza de seguridad de haber superado el limite permitido de alcohol en sangre, para lo cual se le realizó una pericial que fue reportada al libro de novedades. en el mismo libro consta que, aparentemente en desacuerdo con el resultado de esta pericial el joven reaccionó ofuscado contra el personal policial y resultó imputado por los delitos de "atentado y resistencia a la autoridad".
Estar imputado no significa estar sentenciado. Ello lo dirimirá el juez que tome esa causa en su debido momento; y en ella el joven funcionario contará con toda las garantías constitucionales, especialmente la de presunción de inocencia, hasta tanto se demuestre lo contrario.
Ahora bien, cuando el acusado de la comisión de un delito acusa a su vez a los agentes de la ley por la comisión de otro delito, en este caso el de falsa denuncia, falsedad ideológica, y el de armar una causa por un mal procedimiento, esa presunción de inocencia le vale también a quienes resultan acusados. Es en este caso quien acusa deberá probar la culpabilidad de los señalados.
Hacer todo este desargo por vía de una red social no es para nada serio. Lo mismo con una renuncia; no se renuncia por facebook. Más aún, un hombre de bien no pone su renuncia "a disposición", sino que renuncia indeclinablemente. Poner una renuncia a disposición suena a chantaje... a amenaza... "guarda que me voy, eh!".
Quizás hubiera sido mejor que el jóven funcionario se hubiese disculpado públicamente con los policias supuestamente maltratados por ejercer su trabajo. El dosaje de la alcoholemia, si bien supera el máximo permitido no es tan alto. Pudo haber aducido que el día anterior bebió, y es un hecho científico comprobado que el alcohol en sangre dura unas 24 horas. Que reacciónó mal, como todo ser humano puede alguna vez reaccionar mal, y que se equivocó. Ello hubiera confirmado todas esas virtudes que se dice que posee este joven.
Sin embargo su accionar y su actitud han dejado mucho que desear. Resulta realmente ridículo y risible pensar que testigos, policías y un ayudante de fiscal se confabulen para conspirar contra un funcionario menor, subalterno, sea para perjudicarlo personalmente, o para hacerle daño al Gobierno. Y que para esto pongan en riesgo sus trabajos. nada menos que un 24 de diciembre a las 7:30 de la mañana.
Como dijimos más arriba, restará ver en qué termina todo esto. El joven funcionario puso su renuncia a disposición, y ahora solo resta conocer si se la aceptan, o no. Y si este es el caso si redobla la apuesta y ratifica sus denuncias públicas vía facebook ante la Justicia.
Sin embargo hay un desenlace a largo plazo que esperamos que no se repita, como ocurrió con Raúl García Goyena, otro funcionario que abochornó a su gobierno cuando fue grabado adminitiendo que "apretaba" a periodistas y a medios para que se "alineen"; hecho por el que tuvo que renunciar a su cargo en la Dirección de Prensa de Casa de Gobierno.
A García Goyena lo remojaron durante unos meses en agua bendita, y ahora reapareció limpito, peinadito, con un traje nuevecito, y en un cargo de mayor jerarquía al que perdió... como si nada hubiera pasado. No es una práctica que le haga bien a este gobierno al que apoyamos desde antes de ser elegido.
Es hora de empezar a ejemplificar. Si se acepta la renuncia de Matías Rivera, y se comprueba que lo que afirmaron los policías es verdad, pues este joven no debería volver nunca más a la función pública.
No puede ser un ejemplo para la juventud quien no practica lo que predica, ni puede ser representante de un gobierno que se precia de los valores republicanos e institucionales un funcionario que "chapea" su condición de tal para impedir que los agentes de la ley cumplan con su deber. Igualdad ante la ley, y ley pareja no es dura ni rigurosa.
También se espera que no aparezca re-acomodado en algún empleo público escondido, "guillado", con un alto salario a cargo de los contribuyentes. Es hora de que funcionario público que incumple con sus deberes, o que incurre en la comisión de delitos, sea escarmentado como corresponde. Y por supuesto que la austeridad empieza por casa.
