La eventual regularización del transporte alternativo interjurisdiccional unió a Peones de Taxi, propietarios de taxis de capital y de Palpalá, la cámara de Transporte de Colectivos y la UTA, en un pedido común hacia el Poder Legislativo y Ejecutivo de la provincia para que se suspenda el tratamiento del proyecto de ley que prevé dicha normalización de lo que ellos consideran "ilegal y trucho".
En el petitorio los firmantes que se identifican como "las organizaciones y dirigentes del Transporte Legal de la Provincia", advierten que la sanción de esta legalización de los interjurisccionales 2no solucionará nada y empeorará todo".
Por ello solicitan tanto al gobiernador como a los legisladores suspender el tratamiento del proyecto hasta tanto haya mayor "consenso y conocimiento de las partes involucradas".
Según estiman los firmantes, la aprobación del proyecto estaría afectando a una 5.000 familias ya que temen por eventuales "pérdidas de puestos de trabajo legales y/o el deterioro del sustento diario de las familias, destrucción de los micro emprendimientos familiares y el debilitamiento del sistema integral del transporte legal", según dice el documento.
También adcierten que es malo y negativo "no aplicar la ley a todos por igual, dar impunidad durante años, incentivar el libertinaje y la anarquía con falta de control y después legalizar lo ilegal", ya que se violenta la igualdad y la Seguridad Jurídica.
