San Pedro. CORRESPONSAL - Las docentes de la Escuela N° Domingo Teófilo Pérez, marcharon este viernes último, para pedir por la liberación del docente acusado de violar un menor de siete años en la institución, hace solo algunas semanas.

¿Todos somos Nelson Ramos?

El cuerpo educativo de la institución pública se manifestó a favor de quien en la actualidad se encuentra imputado y detenido por abuso sexual agravado con acceso carnal a un menor de siete años, alumno de la Escuela N° Domingo Teófilo Pérez, donde ejercía la profesión de la docencia. A esta grave acusación se le sumó una nueva causa por un hecho similar contra una alumna..

Las maestras pidieron que sea absuelto y liberado, esgrimiendo que su inocencia habría sido comprobada. De esta manera se organizaron mediante grupos de whatsapp para marchar.

Carteles a montones enunciaban la consigna TODOS SOMOS NELSON. Pero ¿en realidad nos sentimos Nelson Ramos, un imputado por abuso sexual a un pequeño de siete años?

Jurídicamente: Casos de abuso sexual a menores

Frente a esa situación de abuso; como familia, como sociedad, como justicia y como Estado en general, tenemos dos formas de proceder: enfrentando la verdad o tratando de ocultarla; visibilizando una problemática que aún sigue siendo tabú o utilizando excusas; defendiendo los derechos del niño o violándolos con estrategias judiciales aberrantes.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una estrategia judicial monstruosa, con la que se acusa a las madres de “lavarles la cabeza” a sus hijos en contra de un tercero, para que inventen actos tan horrendos como que un adulto haya abusado sexualmente del menor.

Aún pensando que algo así pudiera suceder, que hubiese mujeres capaces de tal fabulación, es una estrategia que subestima la contundencia de las pruebas del relato y los dibujos de esos niños, de los informes de los cuerpos médicos que categóricamente determinan que esos chicos han sido abusados por sus padres varones. Así el SAP se suele utilizar como argumento de defensa de abusadores y pedófilos para lograr su impunidad y no investigar uno de los delitos más aberrantes como lo es el abuso sexual infantil.

Lo inaceptable en estos casos es que el poder que debe defender a las víctimas sea cómplice de la aberración. Esto se denomina violencia institucional y es la que sufren cientos de mujeres durante todo el proceso judicial.

No sólo son víctimas de violencia de género, psicológica, económica y física, sino que además tienen que luchar solas contra un Estado que no sólo no las escucha sino que además silencia a sus hijos. Esto se ve reflejado en la expectativa social de quienes denuncian: la mayoría cree que no se va a hacer justicia y que se va a revictimizar a la víctima. Existe una disuasión por parte del sistema hacia esas personas.

Más peligrosas aún son las prácticas judiciales que la aceptación del SAP por parte de un magistrado, como ser: revinculaciones forzosas, reversión de la tenencia a favor del padre acusado de abuso, revictimización de los menores y ataque a la madre, entre otras cosas.

Pueblo chico infierno grande

Hechos de tal conmoción social, dejan en la comunidad un manto de sospecha, de inocencia como de culpabilidad. Y dependiendo de la orientación de la empatía resultarán juzgables los dichos de un menor, en este caso, abusado por su profesor de ingles.

Pueblo chico infierno grande, dice el dicho, pues mientras la justicia actúa conforme a los protocolos establecidos para casos de naturaleza sexual la sociedad fue tejiendo diversas historias alrededor y los medios de comunicación replicando hasta el cansancio e instalando la idea de un relato falseado y poniendo el foco en la víctima, revictimizandola incansablemente.

Docentes, porteras y hasta funcionarios del Ministerio de Educación sede San Pedro, han puesto en tela de juicio el relato del menor abusado, citando desagradables presunciones sobre su personalidad, conflictividad casi justificando “el problema” que le habría traído al profesor, quien solo pretendió ser amable.

Expuestas ambas partes, sociales y jurídicas, de una misma historia, suscita inevitablemente la pregunta,  ¿que nos ocurre como sociedad cuando empuñamos carteles de apoyo a quien, según un pequeño niño de siete años asegura haber sido violentado sexualmente?

Estas liviandades moralistas, tan aplicables a víctimas de delitos contra la integridad sexual, generan confusiones en la misma comunidad que las emite, pues se trata de una forma de naturalizar un comportamiento aberrante que debiera ser igual de inaceptable que el canibalismo.

Por Analia Albornoz