Vilca aclaró que desde el sindicato se vienen oponiendo desde la anterior gestión de gobierno por cuanto consideran que se trata de la “legalización de lo ilegal” y que la misma no es la solución al problema del transporte ilegal.
"No es la solución para el sector de taxistas, para los que están ejerciendo el transporte ilegal, ni para la sociedad toda", manifestó Vilca y señaló que “les parece peligroso que, desde el gobierno, tal cual lo sostenían los diputados radicales en el 2014 cuando eran oposición, se quiera legalizar este sistema”.
“Con esto se dará una señal seria y grave a la sociedad de que, quien anda por fuera de la ley y ejerce una actividad en nombre de la pobreza y después se lo legitima, no va a hacer más que generar un espiral que no va a terminar mientras haya pobres en Jujuy”, indicó el gremialista.
Marcel Vilca recordó que durante el anterior gobierno, los diputados radicales sostenían que lo que quería hacer el gobierno de Eduardo Fellner, era "simular algo para decir que estaba en contra de la pobreza y de la desocupación", y agregó, "este problema no se va a terminar mientras no se acabe la pobreza estructural de Jujuy".
A lo largo de estos dos años, remarcó, "jamás hemos sido convocados, ni recibidos, ni escuchados por el poder legislativo, tampoco por la comisión de transporte, ni por el bloque de la UCR no pudiendo así ni siquiera acceder al proyecto completo".
Desde el Sindicato de Peones de Taxi informaron que una vez más elevaron un pedido al presidente de la Legislatura pidiendo que los notifiquen fehacientemente de todo el expediente y que se les otorgue un plazo para que puedan darlo a conocer dentro del sector taxista.
“Esta medida va a impactar sobre el trabajo de cada chofer, de cada titular y también sobre la vida de cada taxista” insistió Marcel Vilca.
El Referente Gremial además explicó que dicho Proyecto, que pretende aprobarse en una próxima sesión extraordinaria, "no solo no cuenta con el consenso del sistema legal del transporte alternativo, sino que tampoco lo tiene de ningún sector del transporte legal como ser la UTA o la Cámara del Transporte, ni tampoco consenso político; lo cual llevó a que muchos no firmaron el despacho de comisión".
“Va a terminar siendo una ley que solo tiene el consenso de los ilegales y de un solo sector político” señaló.
