- En efecto, un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio cuenta de que una de cada dos jurisdicciones (de las 151 relevadas) creó nuevas contribuciones y casi el 70% incrementó su presión fiscal en los últimos tres años.
Lo preocupante para la CAME es el clearing de tasas. Es decir, la posibilidad de que una comuna analice la probabilidad de introducir un tributo cada vez que una ciudad incorpora un impuesto nuevo.
Es que, según la visión empresarial, "cada impuestazo" que se aplica en la Argentina, sin importar el nivel de gobierno del que proviene, "castiga al empresario que se moderniza, al que amplía su capacidad de producción y al que invierte".
No obstante, el reclamo no es sólo de las Pyme, sino que se hace cada vez más generalizado. Por caso, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) envió una nota recientemente al gobernador de Buenos Aires para evitar que se propague una tasa creada en Baradero.
También la Justicia tuvo que intervenir en varias ocasiones, debido al exceso que cometieron algunas ciudades al momento de establecer un nuevo gravamen dándole, en muchos casos, la razón a las empresas.
Tasas para todos los gustos
El relevamiento realizado por la CAME pone de manifiesto cuáles son las tasas más comunes en los 151 municipios analizados.
Una de las contribuciones que más se popularizaron en los últimos dos años es la tasa a los combustibles, que ya está presente en 16 ciudades del país (fundamentalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba).
Otras dos que se popularizaron fueron las de "uso de espacio público" y "publicidad y propaganda" que, según el informe de la Confederación, en la provincia de Buenos Aires el 96% de los municipios ya la venían aplicando.
También vienen ganando pesos tasas como la de "seguridad ciudadana" y las "ecológicas". La primera era casi inexistente hasta hace poco tiempo, pero "se está discutiendo su introducción en muchísimas otras comunas del país".
El trabajo de la CAME resalta la creación de algunas contribuciones que tienen cierto grado de "curiosidad".
Tal es el caso de Concordia (Entre Ríos) con la tasa textil, Rincón de los Sauces (Neuquén) y Punta Indio (Buenos Aires) con la que sirve para financiar a los bomberos voluntarios, o los que introducen pequeñas sumas fijas para financiar educación, actividades deportivas u otros servicios.
Pero la que más llama la atención es el de Viedma (Río Negro), que obliga a los empleados de los comercios a hacer un curso para el manejo del matafuego. Lo curioso, es que cobra un importe de entre $1.000 y $1.500 por local y, según indicó la Confederación, "sólo tiene fines recaudatorios".
Por su parte, Sofia Devalle, miembro del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó que "cada jurisdicción contempla en su legislación unas 20 tasas, derechos y/o contribuciones sobre los más variados hechos imponibles".
Un análisis de normativas tributarias realizado por el IARAF en el 2012 para una muestra de 100 municipios de todo el país, detectó que existen más de 130 tasas diferentes.
Ese informe revela que las dos únicas cobradas en todos los municipios de la muestra son las de "servicios generales" (comúnmente conocida como tasa inmobiliaria o a la propiedad) y la de "seguridad e higiene" (que es la que incide sobre la actividad industrial, comercial y de servicios).
Le siguen como tributos más frecuentemente cobrados el de "ocupación y uso del espacio público", el "derecho de oficina", los de "publicidad y propaganda", el "derecho de cementerio", la "tasa de habilitación de comercio e industria", el "derecho a los espectáculos públicos" y los "derechos de construcción".
Desde el punto de vista de la especialista, lo que sucedió en los últimos años es que "el objetivo de suficiencia (recaudar recursos para financiar el gasto público), se ha priorizado por sobre los restantes pilares de todo sistema tributario".
Y concluyó: "La creciente carga tributaria observada en los tres niveles de gobierno va en línea con la necesidad de financiar un tamaño del estado (medido como el gasto público en términos del PBI) también cada vez mayor".
Polémica en Baradero
En este escenario, la Cámara de Comercio envió una carta al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, luego de que el Municipio de Baradero implementara la "tasa de servicios indirectos y directos varios".
En efecto, a través de la ordenanza fiscal 4965 y las ordenanzas impositivas 4966 y 5001 de dicha jurisdicción, se estableció un impuesto que grava las ventas que realicen en ese Municipio empresas establecidas en otra jurisdicción.
Según la entidad empresarial, "de generalizarse este tipo de normativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, implicaría una grave perturbación al desarrollo de la actividad comercial interjurisdiccional".
En la misiva aclaran que esta medida perjudica "a las empresas instaladas en otros municipios de la Provincia que tengan relación comercial con Baradero", y afecta "seriamente al sector del comercio, al empleo que este genera y a los derechos".
Desde la CAC recordaron que los municipios tienen dos formas de financiar sus gastos: una a través de los fondos coparticipables (forma indirecta) y a través de las tasas retributiva de servicios (forma directa).
Además, explicaron que la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal) "proscribe la aplicación de impuestos por parte de los municipios y, en concordancia, la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Buenos Aires tampoco permite la aplicación de impuestos por dicho nivel de Gobierno".
Por estos motivos, Carlos de la Vega y Alberto Dragotto, presidente y secretario de la CAC, le solicitaron a Scioli que derogue la tasa de servicios indirectos y directos en Baradero, al que tildaron como una "aduana interna".
Los fallos de la Justicia
Los usos y abusos que los municipios hacen al establecer tributos de este estilo, generó que muchas veces sea la Justicia la que termine imponiendo un freno a los intendentes que sólo buscan recaudar.
En este escenario, se dio a conocer la sentencia del Juzgado Contencioso 1 de Quilmes, que avaló a un comerciante de Berazategui que presentó una queja por el pago de la "tasa de seguridad e higiene" ante una amenaza de clausura por parte del municipio.
"El fallo de primera instancia se puede convertir en un caso que siente jurisprudencia para todo el mercado que se ve afectado por el pago del tributo local", declaró Pablo Dono, el especialista en derecho tributario que presentó el caso ante la Justicia.
Y agregó: "Sucede que la Justicia avaló el reclamo de ausencia de contraprestación de la tasa, lo que la convierte en un impuesto que sólo la Provincia o la Nación tienen potestad de cobrar".
Pero no es el único caso. Sin ir más lejos, el año pasado los gravámenes creados por estas jurisdicciones y que recaen sobre los combustibles se convirtieron en blanco de todas las contiendas.
Por caso, a mediados del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aceptó entender en una demanda iniciada por la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina por la tasa a las naftas del municipio de Olavarría.
También la Municipalidad de San Salvador de Jujuy estuvo envuelta en una causa, donde el Superior Tribunal provincial hizo lugar recientemente a una medida cautelar y suspendió el cobro de una tasa a las naftas.
El Estado nacional y Córdoba llevan adelante una contienda judicial desde noviembre de 2012, luego de que el gobierno provincial estableciera una tasa vial de 0,40 centavos por litro de naftas, gasoil y GNC, con el objeto de mantener y conservar las rutas.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) -que es la encargada de dirimir este tipo de contiendas en las que intervienen dos gobiernos- será la encargada de determinar si el gravamen es inconstitucional./iprofesional
