El paso del Dakar desnudó las carencias de Jujuy

El paso del Dakar volvió a poner en tela de juicio qué tan válidas son las cláusulas de la Constitución que consagraron en la carta magna los derechos de los pueblos originarios.  Pareciera que son letra muerta o, lo que es peor, solo se utiliza el tema políticamente cuando es conveniente.  Lo cierto es que nuestros hermanos originarios volvieron a expresar alarma al no haber sido consultados por el paso de la tan esperada competencia que está trayendo algo de vida al primer mes del año.  No es que quieran oponerse por oponerse, solo están pidiendo ser consultados, incluidos en la toma de decisiones, nada más, solo están pidiendo cumplimiento de lo que dice la Constitución ¿será mucho pedir?  Otra cosa que se subrayó como ausente, por parte de asociaciones civiles y ONGs ambientalistas, es la falta de un estudio de impacto ambiental, y la violación a la Convención de los Derechos Indígenas.

Mención aparte merece el bochorno que debe haber causado en el gobierno provincial el pedido que le hicieron al príncipe Nasser Al-Attiyah, unos 54 niños de una escuela primaria de Jama.  Si bien, es el príncipe es conocido por su generosidad y filantropía, los fondos para el mejoramiento de una escuela primaria que depende del Gobierno de Provincia, debería salir justamente del Gobierno de la Provincia.

Una vez más, quedó en claro que para los organizadores del evento, Jujuy no cuenta con la infraestructura necesaria como para merecer tener un vivac en el territorio provincial.  Seguramente toman en cuenta la pobre infraestructra turística de la provincia, y la falta de finalización de las principales obras viales como para ser sede de tan magno evento deportivo internacional.  El Dakar pasa una vez al año por nuestra provincia, y más que intentar lobby ante los organizadores, me parece que para que alguna vez volvamos a ser considerados como para alojar un vivac, deberíamos aprovechar el tiempo para diagramar políticas de turismo y terminar con las obras inconclusas.  Esto es lo que los empresarios del sector turístico deberían exigir a las autoridades.

Se ha hablado de una cantidad de proyectos presentados, tanto en la Legislatura, como en varios Consejos deliberantes, potenciar a San Salvador de Jujuy y otros municipios en materia de turismo, que han sido sistemáticamente ignorados y cajoneados, justamente por quienes levantan hipócritamente la bandera del turismo; porque es sabido que mientras en todo el país se habla del “boom del turismo”, por eventos como el Dakar, aquí los comercios, restaurantes e incluso hoteles se ven obligados a cerrar ya sea por la falta de acompañamiento del Estado provinciales y los municipios, como por la situación económica reinante producto de los desaciertos de la gestión nacional, que hacen inviable cualquier tipo de emprendimiento, no solo de turismo.

El turismo es una gran deuda pendiente que quedará para el sucesor de Fellner.  Es una industria con mucho potencial, que merece mayor atención y dedicación por parte de un Estado que ha estado ausente.  El economista Raúl Llobeta nos dijo en la semana que el turismo será la base del desarrollo de zonas como la Quebrada y que San Salvador de Jujuy, como capital de la provincia, debería ser también la base de esta verdadera industria sin chimenea.  Una gran cantidad de jóvenes quebradeños y capitalinos podrían encontrar una vocación que los mantendría en la provincia evitando el éxodo masivo de jóvenes que abandonan la provincia a falta de oportunidades.

DESCONTENTO ENTRE PRODUCTORES TABACALEROS

Pasando a otro orden de industrias, los compradores chinos no podrían haber quedado más satisfechos con la cotización del tabaco Virginia que se acordó en la última reunión entre acopiadores y productores en Salta, a pesar del descontento que generó entre los productores.

Según el análisis de productores experimentados, el gobierno y los representantes de las acopiadoras se han perdido una gran oportunidad de mejorar la oferta a los productores tabacaleros, quienes vienen siendo castigados en los últimos años con malas cotizaciones.

Los productores sostenían esta postura porque el principal, -prácticamente único cliente comprador de tabaco es la República Popular China-, con lo cual la plataforma de negociación para la campaña 2014/15 era auspiciosa en cuanto  bases jurídicas y operativas establecidas entre los bancos centrales de ambos países en materia de liquidación de divisas.

Sin embargo, no hubo argumentos que hayan mencionado la oportunidad, solo excusas de no alcanzar el precio adecuado, por exceso de stock  mundial, referencia que en pocos meses quedará desvirtuada cuando se conozcan oficialmente las cifras de consumo formal de cigarrillo a nivel global, donde el aumento del consumo de producción en negro, reabrirá el mercado por faltantes, señales que se pueden apreciar en los indicadores de mercado, que no pueden ser advertidas de un día para otro.

BOLETO URBANO:  SIGUE EL CULEBRÓN

A través de un Decreto Municipal, el Municipio de San Salvador de Jujuy convocó a todos los ciudadanos que se inscribieron para dar su opinión sobre el tema Transporte público de Pasajeros  a enviar sus ponencias a la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy  ubicada en calle Comandante Espora y 9 de Julio.  Inicialmente se tenía previsto recepcionar las ponencias hasta el pasado viernes, pero se prorrogó hasta hoy la recepción.

Es un nuevo intento del municipio de dar participación a los ciudadanos en un tema que ha resultado delicado, pero aprovechado política y maliciosamente por el Frente Unidos y Organizados para hacer mella sobre la actual gestión del intendente Chuli Jorge.  Y un paso previo a destrabar la situación que trabó la justicia al suspender la ordenanza que había dispuesto el aumento.

Es la única manera de que más de 400 expositores que se habían inscriptos en la primer Audiencia Pública, frustrada por la intervención del FUYO, puedan ser escuchados, y que todas las propuestas, ponencias y críticas sobre el tema, sean tomadas en consideración.  El municipio está buscando así generar alternativas de participación para mejorar el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de San Salvador de Jujuy, para  tomar una decisión que contemple la necesidad de los prestadores del servicio y de los usuarios que se verán afectados por un aumento inminente e inevitable.

Por otro lado el municipio hizo todo a su alcance para normalizar las irregularidades en la prestación del servicio público que los empresarios habían decidido afectar mediante medidas de fuerza tendientes a presionar, tanto al municipio como a la Justicia tras la suspensión del aumento.

Todas estas idas y venidas ponen de manifiesto una vez más la necesidad de la implementación de la SUBE en Jujuy.  La polémica generada por el aumento del transporte de pasajeros, se presenta en un marco cargado de intereses, donde el FPV pretende la declaración de emergencia para instrumentar un servicio alternativo si hubiere un lock out, pero en Jujuy es el FPV y sus socios del FUyO quienes limitan los derechos de los usuarios.

Todos los estamentos políticos deberían optar por respaldar la resolución 1535/2014 del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, publicada un mes atrás en el Boletín Oficial, en especial los simpatizantes “K”, donde se dispuso que las provincias y los municipios en cuya jurisdicción operen empresas destinatarias de subsidios y que tengan más de 200.000 habitantes “deberán adoptar las medidas necesarias a los fines de que dichas empresas implementen el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.

Con la firma del ministro Florencio Randazzo, la resolución establece que la Secretaría de Transporte deberá establecer el cronograma para la implementación de la medida, y que las diferentes jurisdicciones tendrán 180 días desde la firma de un acta-acuerdo para disponer los medios necesarios para la puesta en funcionamiento.

El cumplimento de la resolución y los plazos por ella dispuestos será “una condición necesaria para acceder y mantener el derecho a la percepción de los subsidios”.

Además, especifica la norma, “las provincias y/o los municipios que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución tengan en funcionamiento sistemas de pago electrónico de tarifas para los servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial o municipal, prestados por empresas beneficiarios de la ‘Compensación Complementaria Provincial’ tendrán 90 días para compatibilizar con los estándares del SUBE la información que brindan sobre cantidad de boletos expedidos (usos), recaudación por la venta de boletos (importes totales en pesos por uso), parque automotor (unidades) y kilometraje recorrido (GPS)”.

Todo planteamiento, audiencia y debate actual, se torna estéril,  quedando rezagados ante los nuevos derechos de los usuarios que pueden contar con un sistema de transporte protegido, ya que el gobierno nacional lo reconoce como parte central de sus políticas públicas.

En este sentido desde el municipio ya expresaron las intenciones de adherir al SUBE, articulando los excelentes resultados del BEGU y el transporte para personas con capacidades diferentes, con lo cual la comuna estaría a la vanguardia en materia de transporte como ejercicio de un derecho inclusivo.

REPERCUSIONES POR LA GRAVE IMPUTACIÓN PENAL A LA PRESIDENTE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

El Gobernador de la Provincia Eduardo Fellner se sumó a las críticas del kirchnerismo contra el fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman, cuestionando el accionar de los funcionarios judiciales cuando estos realizan su trabajo.

De las palabras de Fellner se desprende una fuerte alineación al relato oficial de que la Justicia "está altamente politizada", y de que existe una "conspiración judicial para entorpecer al Gobierno".  Claro que la solución que brinda el kirchnerismo es más politización mediante la colonización del poder judicial en lo que ellos llaman "democratización de la Justicia”.

Curiosas consideraciones de un gobernador en cuya provincia no se garantizan los deberes esenciales del Estado, incluida la Justicia. Hace unas semanas el abogado del foro local, Fernando Bóveda adelantó a NOTINOR.COM que elevaría a la Corte Suprema vía per saltum la situación de gravedad institucional que se da en el poder judicial de nuestra provincia.

El poder judicial de Jujuy se mantiene con un viejo esquema de selección que recuerda al medioevo. Parece un apéndice político donde terminan acomodados parientes y amigos del poder del poder, que acceden a la magistratura ya funciones sin concurso de oposición ni puntaje.

Ante el pedido de indagatoria a la Presidente de la Nación, al Canciller y a otros dirigentes oficialistas que promueve el fiscal Alberto Nisman, el titular del Bloque de Senadores de la UCR, Gerardo Morales, señaló que “la responsabilidad de Cristina se agrava porque en la apertura del periodo legislativo 2014, ella misma se comprometió a viabilizar los planteos de la oposición de derogación de la Ley y la anulación del acuerdo con Irán”.

“La denuncia del Fiscal es contundente y sólida. La abonan y sostienen actitudes de los funcionarios y en particular la manera en que la Presidente nos mintió en la cara en la última Asamblea Legislativa”, remarcó Morales quien recordó que a partir del mensaje presidencial su bloque hizo varias movidas que “fueron negadas por el oficialismo para profundizar una situación favorable a Irán” y enumeró: “la convocatoria al Congreso a las instituciones AMIA y DAIA, planteos en los Recintos de ambas Cámaras y proyectos de derogación de la Ley 26.843 que ratifica el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán”.

El radical recalcó que “la UCR ha ratificado su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia”.  “Cuando rechazamos el Memorandum dijimos que se había destruido la línea  argumental que  sostuvo este  gobierno para  convalidar el atropello,  la  claudicación, la entrega  de  los  intereses  nacionales y el descreimiento en cuanto a la ejecución de un trámite judicial en la República Argentina. También nos preguntamos ¿por qué cambiaron? ¿Por qué  la claudicación? ¿Por qué renunciar al principio de presionar a Irán, un país que nunca ha demostrado vocación para  colaborar,  yendo  a  ese país  sin  garantizar  siquiera  la  posibilidad  de  la aplicación del Código Procesal Penal argentino? ¿Por qué cambia Cristina su posición incumpliendo su  palabra?”, dijo el senador y recordó también que su Bloque reclamó al canciller Héctor Timmerman que el fiscal Nisman explicara en el Senado el avance de su investigación.

Son las dos caras de la moneda que ha golpeado fuertemente el ámbito político tras conocerse la imputación penal de la presidente de la nación Cristina Fernández de Kircher, su canciller, Héctor Timerman, y varios allegados cercanos al kirchnerismo, entre ellos Luis D'Elía y Fernando Esteche, quienes habría participado de una negociación diplomática paralela tendiente a encubrir el terrorismo internacional a cambio de la venta de granos por petróleo.