Al respecto, a principios de semana se emitió una resolución general que recepta las inquietudes del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias. Esta instrucción general está dirigida a los fiscales de investigación preparatoria, para unificar criterios y proveer al mejor funcionamiento del Ministerio Público, donde hay pautas concretas para determinar cuándo pedir una detención y cuando pedir una prisión preventiva. “Esta es una forma de estar acorde a los estándares internacionales sobre prisiones preventiva, dos momentos diferentes en el proceso penal”, recalco el Fiscal.
Entre las pautas principales a tener en cuenta para librar detención o prisión preventiva se destaca el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.
En el peligro de fuga se tendrá en cuenta las siguiente circunstancias: magnitud de la pena en expectativa, importancia del daño a resarcir, arraigo en su residencia habitual (familia, negocios y trabajo) y facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, comportamiento evasivo del imputado, posibilidad de ser declarado reincidente y concurrencia de delitos.
Para decidir sobre el entorpecimiento del proceso el fiscal deberá acreditar la sospecha de que el imputado podría: destruir, ocultar o falsificar elementos de prueba; intimidar o influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal y reticente; inducir a otros a realizar tales comportamientos y poner en riesgo la integridad de víctimas o testigos.
Finalmente se instruye a los fiscales a que cada 60 días se revise si subsisten las causas de detención, es decir los peligros de fuga o el entorpecimiento de la investigación.
















