Un ciudadano permanece detenido ante el desacato de la Directora de Peritos que se niega a adelantar un turno para una pericial psicológica, a pesar de que el juez que entiende en la causa lo ordenó.
El abogado del foro local, Fernando Bóveda, expuso ante nuestro medio la situación de gravedad institucional por denegación de justicia que sufre su cliente, hecho que pone en seria duda la capacidad del Estado Provincial para garantizar la Justicia y las garantías constitucionales.
El ciudadano, menor de edad, G.I.V., quien fuera acusado por el delito de violación permanece a la espera -desde el mes de noviembre- de la realización de una pericial psicológica que permita su liberación por un cese de detención que estaría en condiciones de ordenar el juez que entiende en la causa, Dr. Raúl Eduardo Gutiérrez.
Tras haber permanecido detenido desde la radicación de la denuncia por su propia prima, D.M, también menor de edad, por la supuesta comisión del delito de violación, un giro en la causa determinó que la menor en cuestión no habría sido víctima del delito denunciado, y además se reveló que la supuesta víctima contaba con un historial de falsas denuncias similares, hecho que puso en duda la seriedad de la denuncia que terminó con el joven G.I.V en una situación de detención.
Con este giro en la causa, el Dr. Bóveda se encontraba en condiciones de solicitar el adelantamiento de la pericial psicológica que pemita el cese de detención de su cliente, pero el juez que entiende en la causa requirió que se efectivicen las periciales antes de poder dictaminar en tal sentido.
Bóveda había solicitado, en noviembre pasado, la pericial psicológica de rigor que, desde la Dirección de la Oficina de Peritos del Poder Judicial, se concedió turno recién para marzo de este año.
Ante el giro que tomó la causa, al conocerse que la supuesta víctima no presentaba indicios de violación y la existencia de un historial de falsas denuncias que dan lugar a presumir la personalidad fabuladora de la misma, Bóveda solicitó el adelantamiento de la pericial psicológica.
El juez Eduardo Gutiérrez ordenó al Agente Fiscal Darío Osinaga Gallacher, librar un nuevo oficio a la Oficina de Peritos Psicológicos para adelantar la fecha de la pericia, o se autorice la realización de la misma en otras instituciones alternativas.
Sin embargo la directora de dicha oficina, la Licenciada María Silvia Rodríguez Labuandos, se negó a cumplir con el oficio, aduciendo que "están todos los turnos ocupados" y que "dada la gravedad del tema", no se podría realizar la pericial en instituciones alternativas, incurriendo en un desacato al negarse a cumplir la orden del juez.
"Es un tema muy grave", señaló Bóveda a NOTINOR.COM, puesto que de esta manera, con la negativa de la jefe de peritos a cumplir con lo ordenado, "el juez deja de ser director del proceso y la direccionalidad del mismo la pasa a tener un auxiliar de la justicia, como es un perito y, como si esto fuera poco, se niega la realización de una pericia en otras instituciones -como el Hospital Psiquiátrico Nestor Sequeiros- con el pretexto de la delicadeza del tema".
"No solo se está desobedeciendo al juez, sino que se está violentando la garantía de debido proceso, y se está prolongando injustamente una detención que debe cesar inmediatamente dada la evolución que tomó el proceso", señaló el abogado.
Denuncias ante el Superior Tribunal y ante la Corte Suprema
Bóveda indicó a NOTINOR.COM que denunciará a la directora de peritos, María Silvia Rodriguez Labuandos, ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy por desacato. "El juez ha dado una orden al agente fiscal para el adelantamiento de la pericial o la realización de la misma en instituciones alternativas, y la directora de peritos se niega a obedecer, pasando a sus manos la dirección y discresionalidad del proceso", señaló Bóveda, "algo inaudito", evaluó.
Por otro lado, Boveda adelantó a nuestro medio que elevará esta situación de gravedad institucional vía per saltun a la Corte Suprema debido a que se trata de un "escándalo jurídico" que pone en riesgo las garantías constitucionales de los ciudadanos "al violentarse el derecho al debido proceso".
Consultado sobre el trasfondo de lo inaudito de la situación, Bóveda apuntó al bajo presupuesto de la Justicia. De todas formas consideró que ésto no debería ser el motivo de prolongar injustamente la detención de un detenido. En este sentido señaló que hay muchos procesados en condiciones de ser liberados, pero que deben aguardar meses para la realización de una pericial psicológica.
Bóveda señaló que en 2010 La Federación Argentina de Magistrados, entidad que monitorea el desempeño del Poder Judicial de todas las provincias emitiendo recomendaciones para un mejoramiento de este deber esencial del Estado, declaró que la Justicia de Jujuy se encontraba en un "deplorable estado de degradación institucional", debido al "vergonzoso presupuesto que le asigna el Presupuesto de la Provincia", siendo este de apenas 2,5% delPIB, mientras que en provincias como Salta se le asigna el doble, es decir, el 5%.
