La categórica afirmación pertenece al fiscal de Estado, Mariano Miranda, durante su exposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sostuvo que “Jujuy está plenamente comprometida con el respeto de los Derechos Humanos” y resaltó que esta determinación “orienta las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Provincia desde diciembre de 2015».
«En ningún caso se hostigó a los referentes sociales”, agregó e indicó que el juzgamiento de los delitos penales en los casos denunciados por fraude al Estado y corrupción de los funcionarios públicos, corresponde a los jueces, sobre quienes el Ejecutivo no ejerce influencia alguna”.
En otro tramo de su exposición y en compañía del diputado Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Miranda recalcó que el nuevo Código Contravencional de la Provincia, ampliamente debatido y consensuado por las bancadas políticas que integran la Legislatura de Jujuy, en comisiones y audiencias públicas, “importó un cambio fundamental” puesto que derogó a la vieja Ley de Faltas del año 1951 que otorgaba facultades a la Policía para imponer penas y sin oportunidad de defensa para el acusado. Esto significa que era juez y acusadora, siendo la pena máxima el arresto.
El nuevo Código Contravencional garantiza el derecho a la defensa en juicio y en legítimo proceso, imponiendo la figura del juez. La pena más frecuente hoy es el trabajo comunitario en beneficio de la ciudadanía toda, lo que representa una mejora en los derechos de los ciudadanos.
A fin de ilustrar sus dichos, el Fiscal señaló que durante 2016 se realizaron 1191 manifestaciones de protesta social en diversos puntos de la provincia. Sólo se labraron actuaciones judiciales y contravencionales en el 0,75 por ciento de los casos. “No hay una aplicación abusiva de la norma en Jujuy”, subrayó.
En referencia al acampe promovido por la Tupac Amaru en diciembre de 2015 en la plaza Belgrano, dijo que los manifestantes “cometieron abusos y excedieron límites”.
“La ciudadanía se vio afectada por la acción ilegítima de los miembros de la Red de Organizaciones Sociales, interrumpiendo y entorpeciendo el servicio de transporte, lo que perjudicó a quienes tenían que concurrir a sus lugares de trabajo”, expresó y recordó que durante 36 días bloquearon una arteria principal del centro de San Salvador de Jujuy por donde se desarrolla el 100 por ciento del transporte de pasajeros, afectando también el funcionamiento y acceso al hospital San Roque”.
Aseguró que la toma de la plaza “no fue una ocupación pacífica” y agregó que los manifestantes “pretendían mantener su rol de intermediarios entre los fondos públicos que administraba el Estado nacional y los verdaderos beneficiarios”.
En relación a la situación de queja planteada por el Sindicato del Ingenio Ledesma, apuntó que los trabajadores asumieron una actitud contrapuesta al ejercicio del derecho a la protesta, por cuanto procedieron a cortar de manera permanente y prolongada la Ruta Nacional 34, que es parte del Corredor Bioceánico por el Paso de Jama. “Sitiaron y bloquearon el ingreso a la ciudad de Libertador General San Martín, interrumpiendo el transporte de mercaderías y personas”, precisó. “La protesta social y sindical que tiene raigambre de Derecho Humano, no puede permitir la comisión de delitos en perjuicio de la población”, argumentó.
