Encumbrados legisladores de Cambiemos decían en diciembre que en 2017 debían “cerrar el Congreso”, en alusión a las dificultades que tendrían en ambas cámaras para aprobar leyes, por tratarse de un año electoral. Sin embargo, la acumulación de proyectos pendientes empujó especulaciones de que la actividad podría adelantarse, con la convocatoria del Ejecutivo a extraordinarias para febrero.
Hasta ahora, no hubo instrucción alguna desde el Gobierno, refieren desde el interbloque Cambiemos que preside el radical Mario Negri. El panorama podría empezar a aclararse este martes, cuando algunas espadas del oficialismo en el Congreso concurran a una reunión de Gabinete, donde se evaluaría qué margen político existe para avanzar. Pero en despachos oficiales “se ve que estamos más cerca de los decretos de necesidad y urgencia que de los proyectos, aunque no todo puede hacerse por DNU”, confió una fuente oficial.
En busca de recuperar iniciativa, el massismo reclamó extraordinarias para tratar la reforma al Régimen Penal Juvenil, la iniciativa con la que el ministro de Justicia, Germán Garavano, viene sacudiendo la modorra de enero. Mientras el argumento del Gobierno es debatir y enviar el proyecto pasadas las elecciones, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que “podemos sacarlo en febrero y alejarlo de toda especulación electoral. Pero lo quieren para hacer un circo mediático y tapar los problemas de inseguridad”, fustigó.
Del temario habilitado por el Ejecutivo en las extraordinarias, solo tres proyectos se convirtieron en ley: el Presupuesto 2017, la reforma de Ganancias y la Emergencia Social.
Fracasó en cambio la reforma electoral para instaurar la boleta única electrónica, que había tenido media sanción en Diputados pero el Senado rechazó tratarla.
Hay otros tres proyectos con media sanción de Diputados, que esperan turno en la Cámara Alta: la obligatoriedad de la sala de 3 años; “Emprendedores”, que facilita las actividades y permite constituir sociedades en 24 horas por Internet; y el muy meneado -por los senadores- proyecto de extinción de dominio, que apunta a recuperar bienes del narcotráfico y de la corrupción.
Este último fue impulsado por el massismo, lo mismo que otros tres vinculados con el tema seguridad, que ya tienen aprobación en Diputados: Protección a Víctimas de Delitos; la “ley de desarme”, que agrava las penas de prisión y fija multas por tenencia y portación ilegal de armas; y la limitación de las excarcelaciones. Tiene media sanción además el proyecto del radical Luis Petri sobre pena privativa de la libertad.
El Senado podrá convertir en ley, también, la actualización de las cuotas alimentarias, iniciativa de Margarita Stolbizer. Las cuotas no pueden indexarse porque lo prohiben las leyes de convertibilidad y de emergencia económica, y por tanto pierden frente a la inflación.
La lista no se agota aquí. Con media sanción de Diputados, están los proyectos de cannabis medicinal; de equiparación del abuso sexual por vía oral a la violación, impulsado por la radical Gabriela Burgos; y los cambios a la ley de Manejo de Fuego. También habrá que ver cómo termina la discutida rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito y de débito, que desató una guerra entre comercios y bancos. Todo aparece trabado porque el Senado y Diputados dieron sanción a proyectos diferentes.
