Una nueva confesión de uno de los principales delatores de la trama de corrupción tejida en torno a los recursos de la petrolera estatal Petrobras acaba de involucrar a 28 políticos cercanos al Gobierno como supuestos beneficiarios de sobornos.
La nomina de los señalados por Paulo Roberto Costa, un ex director de Abastecimiento de la petrolera que colabora con la Justicia a cambio de beneficios jurídicos, incluye a ministros y colaboradores cercanos a la actual mandataria, Dilma Rousseff.
Costa citó a los dirigentes como "supuestos beneficiarios del esquema de corrupción", quienes, en varios casos -según el periódico-, pidieron o recibieron dinero para hacer proselitismo político.
Los pagos eran realizados por un "cártel" de empresas, de acuerdo con la Justicia, que a cambio recibían millonarios contratos en Petrobras.
Apoyado en las declaraciones de Costa a las autoridades, O Estado de Sao Paulo dijo que entre los políticos implicados están el ministro de Energía, Edison Lobao, y los ex ministros Gleisi Hoffmann -actual senadora-, Antonio Palocci y Mario Negromonte.
La mayoría de políticos citados por el ex directivo son del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), de Rousseff, y de sus organizaciones aliadas, aunque también fueron incluidos en la lista representantes de la oposición.
"Entre los congresistas fueron mencionados en total siete senadores y once diputados federales", señaló O Estado de Sao Paulo.
Ninguno de los mencionados en el informe periodístico ha emitido opinión alguna frente a las revelaciones de Costa.
No obstante, la mayoría de ellos, como el presidente del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Alves, ya habían sido mencionados en un reportaje de la revista opositora Veja como implicados en el esquema de corrupción y, en su momento, rechazaron las acusaciones.
La Justicia procesa actualmente a 39 personas, entre ellos Costa y el ex director del Area Internacional Néstor Cerveró, pero todavía no ha acusado formalmente a ningún político.
Otro de los enjuiciados en el caso es el empresario brasileño Alberto Youssef, acusado de ofrecer sus empresas para lavar el dinero de los sobornos.
La policía estima que la operación desvió más de 4.000 millones de dólares en la última década.
El jueves Rousseff, quien asumirá en enero su segundo mandato, pidió sanciones para los responsables del caso de corrupción "sin destruir" a Petrobras y convocó a un pacto nacional contra la corrupción.
