El Gobierno apunta a una reestructuración del IOSFA, con un pasivo cercano a los $200.000 millones, lo que generó demoras en tratamientos
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El Gobierno nacional se apresta a anunciar una reestructuración histórica del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas que atraviesa una crisis financiera sin precedentes. La decisión busca resolver una deuda acumulada que supera los 200 mil millones de pesos y que ha puesto en jaque la atención médica de más de 600 mil afiliados.
La iniciativa está siendo liderada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien convirtió la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en una de sus prioridades absolutas desde que asumió el cargo.
Poco después de su designación, Presti ordenó una exhaustiva auditoría sobre el organismo. Esta investigación ya había sido planificada por su antecesor, Luis Petri, pero nunca se concretó debido al cambio de autoridades.
Las autoridades nacionales detectaron irregularidades severas en el manejo de la entidad durante las gestiones anteriores, situación que derivó en los graves problemas operativos actuales.
La magnitud de la crisis que enfrenta la obra social
Con más de 600 mil afiliados en todo el país, IOSFA se posiciona como la tercera obra social estatal más grande de Argentina. Sin embargo, arrastra un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que ha generado demoras críticas y cancelaciones masivas en los tratamientos más costosos.
La situación se vuelve particularmente dramática en localidades como Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Según datos proporcionados por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes de esa ciudad, 42.000 dependen de IOSFA y enfrentan meses de retrasos en todas sus prestaciones médicas.
Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta del gremio, expresó su preocupación en un comunicado oficial: "Es un atropello de gran magnitud porque si deja de existir cientos de trabajadores se quedan sin cobertura, con salarios que no pueden pagar una prepaga".
La dirigente sindical agregó -según consignó Infobae-: "Como siempre decimos, la salud es un derecho para todos y todas, no una mercancía". Esta declaración refleja el temor generalizado entre los afiliados ante la posibilidad de quedarse sin cobertura médica.
El plan de reestructuración que prepara el Gobierno
Frente a este escenario crítico, Presti ha mantenido reuniones estratégicas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, para acordar una solución integral al problema.
La decisión central consiste en dividir el organismo en dos entidades separadas. Una de ellas se haría cargo de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la otra atendería exclusivamente a las Fuerzas Armadas.
Aún resta definir qué sucederá con los afiliados correspondientes a Gendarmería y Prefectura, quienes podrían quedar incorporados en cualquiera de las dos nuevas obras sociales, según la estructura final que se adopte.
Fuentes del sector confirmaron a este medio que esta división permitiría comenzar a ordenar el instituto, ya que el área que atiende a los efectivos policiales "es la más complicada" en términos de gestión y recursos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumiría el manejo de los recursos destinados a los uniformados que están bajo su jurisdicción. Esta decisión busca alinear la gestión de la obra social con las responsabilidades ministeriales correspondientes.
La obra social militar, por su parte, podría convertirse en una entidad totalmente nueva e independiente, bajo el comando de un oficial en actividad con experiencia previa como director del Hospital Militar.
Paralelamente, existe un acuerdo avanzado con Caputo para que el Ministerio de Economía brinde asistencia financiera a IOSFA y ayude a enfrentar la deuda de 200 mil millones de pesos que amenaza su funcionamiento.
Según informó Infobae, Presti presentará la propuesta final este viernes al jefe de Gabinete, quien tendrá la última palabra para decidir si la medida avanza o requiere modificaciones. En caso de aprobarse la iniciativa, los cambios se oficializarán mediante un decreto que firmará el presidente Javier Milei.
