Inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación. El Gobierno prepara un decreto para avanzar con ese paquete de medidas y endurecer la política migratoria. Algunas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección, lo que generará controversias, aunque en la Casa Rosada aseguran que será apoyado por una porción mayoritaria de la población.
Con aval de Mauricio Macri, trabajan en la iniciativa principalmente los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. “Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, coincidieron funcionarios de las dos carteras, aun con diferencias de criterios no saldadas y pujas por el reparto de tareas. En Balcarce 50 desestiman que lo impulsen a partir de las declaraciones de Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio: argumentan que comenzaron a prepararlo antes. Menos por la victoria de Donald Trump: los funcionarios buscan evitar que el Gobierno y estas medidas sean consideradas xenófobas. Admiten, eso sí, que con sus dichos el senador peronista dio un empujón: “Abrió una puerta que pocos se animaban a tocar. Y no es políticamente correcto, pero por abajo genera más apoyo que rechazo”.
La implementación mediante un decreto, de redacción “avanzada” según las fuentes, aunque resta el análisis de Cancillería por los convenios del Mercosur y que Macri salde la disputa de poder entre Seguridad e Interior, también generará polémica. En ambos ministerios argumentaron que en principio no se modificará la ley de Migraciones, sino que será un cambio en su reglamentación. Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio. “El problema es que las vías recursivas son eternas. En 10 años se hicieron 2.300.000 radicaciones, se dictaron 15.000 disposiciones de expulsión y se materializaron 70. Ese sistema no funciona”, sostuvieron en el ministerio conducido por Rogelio Frigerio. “Vamos a buscar a aquellos que tengan condena y que el que delinquió no pueda volver a entrar”, indicaron en Seguridad, y adelantaron que habilitarán lugares de retención: “Es lo que exige la ley y como no hay y en muchos casos no se los puede detener, se escapan”.
Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio. Una de las medidas en análisis del ministerio dirigido por Patricia Bullrich es implementar cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo, aunque en Interior contraponen que con los países del Mercosur iría en contra de los acuerdos vigentes. Otra es avanzar en convenios con países de la región para compartir información sensible. Cancillería estudia las alternativas. La creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria es otro motivo de puja entre los dos ministerios, todavía sin saldar.
Como en otras áreas, los funcionarios macristas adjudican a la herencia la falta de herramientas para un control adecuado de los ingresos al país: marcan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos. En Interior enumeran la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros) ya en marcha para registrar los flujos en esas áreas, el control integrado con Chile y el programa de información anticipada de pasajeros como las primeras medidas que permitieron “aumentar el control en un 20%”. También la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos. “Nunca es suficiente el personal, son 9.500 kilómetros de frontera”, admiten. “Estamos estudiando el tema para que a la Argentina ingresen las personas que quieran trabajar pero no los que tengan antecedentes penales y ya sepamos la conducta que han tenido en sus países de origen”, aseguró Bullrich. “No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo Horacio García, director de Migraciones.
