El Tribunal de Apelaciones confirmó los 15 procesamientos resueltos por el juez federal Claudio Bonadio, entre ellos el de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, según la resolución a la que accedió Télam.
Además quedó firme el embargo de 15 millones de pesos dispuesto contra los bienes de la ex Presidenta de la Nación.
Con esta decisión de la Cámara, Bonadio quedó en condiciones de dar por cerrada la investigación e iniciar los pasos para enviarla a juicio oral, pese a que la decisión tomada es apelable ante la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal.
La finalidad de la operatoria "no fue regular sino manipular", advirtieron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
"Lo que esta investigación ha permitido tener por acreditado es que, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional -tanto de Fernández de Kirchner como de Kicillof-, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de las de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un muy breve período de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuros en dólares a valores ficticios", concluyeron los camaristas Irurzun y Farah.
De esta forma se obligó "abusivamente a la entidad y, por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos", agregaron.
Los camaristas analizaron los aspectos técnicos de la maniobra de venta de dólar futuro y concluyeron que hubo un "voraz aumento de los límites a las posiciones abiertas".
Además, aludieron "al proporcionalmente voraz aumento de los límites a las posiciones abiertas -que pasaron de 10.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares en menos de un mes-, y la forma agresiva de intervención de la entidad bancaria en el mercado de futuros -exclusivamente a la venta y en su mayoría antes del cierre diario-".
A la hora de detallar responsabilidades, destacaron que los entonces presidente y vicepresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli Long Biocca y Miguel Pesce y los miembros del directorio "tomaron decisiones contrarias a las exigidas por las normas que regulaban su actuación".
