
La modificación de la Ley 1.864 de Obras Públicas dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo realice contrataciones directas para encarar diversas modalidades de obras de infraestructura básica tendientes a solucionar el problema habitacional de los sectores vulnerables de la sociedad con déficit de vivienda. El oficialismo, a propuesta del Bloque Justicialista, aceptó durante el debate legislativo de hoy que se agregue un artículo que obliga al Ministerio de Infraestructura a informar trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura las obras que se ejecuten valiéndose de la excepción al Régimen de Contrataciones, que tiene como máximo criterio el llamado a licitación pública.
El proyecto que hoy se convirtió en Ley provincial 5.974 versa sobre la modificación de una norma que rige la obra pública y que fija en términos generales, como principio de toda contratación, la licitación pública como un requisito excluyente. El artículo 11 de la vieja Ley establece una serie de excepciones para el llamado a licitación pública, mientras que el artículo 12 determina que ello podrá realizarse a través de licitaciones privadas, como está aclarado en los incisos A, D y E del artículo 11.
La modificación del artículo 12 tiene que ver específicamente con el inciso D del artículo 11, que está relacionado a los casos de evidente urgencia y necesidad imperiosa. En consecuencia, la modificación que se incorporó al artículo en cuestión limita inclusive esa urgencia y esa necesidad, ciñéndolo al problema habitacional de aquellos sectores vulnerables de la sociedad con déficit de vivienda.
En tal sentido, el diputado Miguel Lembo, del Bloque Justicialista, precisó que desde su bancada se pretendía que quedase en claro que la excepción al llamado a licitación privada estaría vinculada única y exclusivamente a los efectos de dar solución al problema habitacional de los sectores vulnerables.
“No es una modificación de carácter general, es decir que todo tipo de obras pueda exceptuarse del Régimen de Contrataciones. Por eso decidimos acompañar esta iniciativa, porque está ajustada puramente a un problema que aqueja a muchos jujeños y que jamás el Bloque Justicialista podría objetar”.
“Me pareció importante resaltar y les pedí a mis colegas actualmente del oficialismo que vean la gran diferencia que existe cuando se está en la gestión y cuando se es oposición, porque este proyecto en otra época hubiera despertado suspicacias y críticas diciendo que era una manera de evadir los llamados a concurso y que se estaba haciendo un negocio. Estaría bueno que los que son hoy oficialistas reconozcan la gran diferencia que existe y cómo se equivocaban siendo oposición cuando prejuzgaban iniciativas como estas”.
“Cuando se está al frente de la gestión son necesarias las adecuaciones de las normativas y no hay por qué pensar que algo está direccionado o vinculado con algún negociado. Este es un ejemplo de una propuesta de modificación que nace del propio oficialismo con el fin de agilizar los trámites. Nosotros acompañamos en esta ocasión realizando algunas observaciones al proyecto y demostrando que somos una oposición responsable, aunque nuestro pedido no haya prosperado”.
“Considerábamos necesario, dada esta excepción a la norma de contratación, que el Ministerio de Infraestructura informe cada tres meses a la Comisión de Finanzas cuáles son los casos o acciones que llevarán a utilizar esta excepción, pero lamentablemente no tuvimos el acompañamiento del oficialismo de Cambia Jujuy”, enfatizó.















