La protesta contra Nicolás Maduro se 'congela'

La presión de la diplomacia vaticana arrancó los primeros gestos en Venezuela, tanto al chavismo como a la oposición. Algo parecido a un milagro político, impensable hace sólo unas semanas y que irritó a los sectores radicales de ambos bandos. La mediación papal obtuvo del gobierno la libertad de al menos seis presos políticos (todos ellos detenidos en 2016), aunque se espera que se sigan abriendo las puertas de las cárceles a los 109 que permanecen en ellas. Y a la Unidad Democrática la convenció para suspender la marcha prevista mañana hasta el Palacio de Miraflores y para diferir "por unos días" el juicio político de la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro por "ruptura del hilo constitucional". "Yo, de corazón, apuesto todo por el diálogo... Es el único camino para salir de los conflictos", insistió ayer el Papa Francisco, para dejar claro una vez más que se juega mucho con su incorporación como actor político en un país sobre el que pende la espada de Damocles de la violencia. Mientras unos discutían, los otros bailaban. Maduro ha profundizado su papel de "gran defensor de la paz", incluso lanzándose como conductor de un nuevo programa radiofónico, La hora de la salsa. El primer tema elegido para debutar el martes en las ondas musicales resume su filosofía en estos momentos: "Indestructible". En la oposición, la intervención directa del Vaticano convenció a sus sectores moderados, que decidieron suspender una marcha que recordaba a la que precedió al golpe de estado de 2002. "Un proceso de diálogo supone transacciones. Es una oportunidad, más allá de los radicales de cada bando", se defendió Henry Ramos Allup, presidente del legislativo. El grupo parlamentario de la Unidad también decidió paralizar de momento el juicio político contra Nicolás Maduro. La fecha tope es el 11 de este mes, cuando tendrá lugar la sesión plenaria de las cuatro mesas instaladas para el diálogo. El adelanto electoral aparece como la mejor solución para hallar el camino dentro del laberinto nacional, aunque el chavismo apuesta por retrasarlo al máximo, sabedor de su endeblez electoral."Si para el 11-N Maduro no ha vuelto al carril de la Constitución, debemos declarar el abandono del cargo y movilizarnos a Miraflores", matizó Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, tras mostrar su desacuerdo una vez más con la mayoría de la Unidad. El efecto dominó de los gestos comenzó la noche del lunes con la puesta en libertad de los tres primeros presos políticos. Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo ya están en sus casas, las mismas que nunca debieron abandonar.
A la lista de la libertad se sumaron ayer el comisario Coromoto Rodríguez y los jóvenes Pablo Parada y Jean Carlos Ortiz, estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, la región rebelde fronteriza con Colombia, detenidos tras participar en una manifestación a mediados de septiembre. Carlos Melo, dirigente social que militó en la marxista Bandera Roja y que ahora lo hace en Avanzada Progresista, llevaba en prisión desde finales de agosto acusado de portar un cinturón de explosivos. Se da la circunstancia que el propio Melo avisó 24 horas antes de que su detención se iba a producir, incluso fue detenido cuando paseaba con su mujer. En su entorno denunciaron que el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) le sembró los explosivos. Ni siquiera a Tarantino se le habría ocurrido que este dirigente pasearía con los explosivos atados a su cuerpo y además de la mano de su mujer.
"Mi liberación fue posible a través del diálogo", señaló Melo en sus redes sociales. La historia de Moreno y Trejo es igual de pintoresca. Ambos son productores y colaboradores de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles. Los dos jóvenes fueron detenidos hace unas semanas por "lesionar la moral de las Fuerzas Armadas" al participar en la producción de un vídeo partidista, en el que una jovencita avisaba a su padre, guardia nacional, porque se iba a una cola para comprar alimentos y medicinas. Estos casos, incluido el de Rodríguez, jefe de Seguridad de la Asamblea, perseguido por su vinculación de muchos años con el presidente legislativo, Henry Ramos Allup, son muestra evidente de la arbitrariedad gubernamental contra los presos políticos, a los que Hugo Chávez llamaba políticos presos.