Es uno de los puntos salientes de la propuesta que, como ya reconoció el Gobierno, prevé también la habilitación de aportes de empresas, prohibidos desde la última reforma electoral, de 2009. La iniciativa, sobre la que trabaja el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, contempla además la bancarización y el control en tiempo real de las donaciones, y la ampliación del período de campaña.
Otro eje es el fortalecimiento de los controles sobre el origen de los fondos proselitistas, con el objetivo de evitar recursos provenientes del delito. Los siguientes 7 puntos son la base sobre la que trabajará el Gobierno en las próximas semanas para enviar un proyecto al Congreso:
Actos de gobierno. La regulación de los anuncios e inauguraciones, y de la publicidad oficial durante la campaña es una demanda recurrente de las fuerzas de oposición para dar mayor equidad al proceso electoral. El Código Electoral prohíbe, 15 días antes de las PASO y de las elecciones generales, la realización de "todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales". La intención del Gobierno es ampliar ese plazo y además sancionar a quienes usen fondos públicos con el objetivo de favorecer o perjudicar a un candidato, o para forzar a sus subordinados a participar de actividades de campaña.
Aportes de empresas. La ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe que las empresas hagan donaciones de cualquier tipo. El Gobierno propone rehabilitarlos pero mantener un límite para evitar que una empresa pueda "comprar una campaña". La idea de la Casa Rosada es que ninguna persona o empresa puede aportar más del 3 por ciento del total de lo permitido como donaciones privadas para una agrupación. Ese límite hoy es del 2 por ciento para las personas.
Bancarización de aportes. Para facilitar el control del origen de los recursos, se restringe al mínimo la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. El Gobierno propone que, de todos modos, esos fondos deban ser depositados en la cuenta bancaria de la campaña en un plazo perentorio. Los partidos deberán informar en un plazo máximo de 72 horas cada uno de los aportes recibidos y de los gastos realizados, para facilitar un control en tiempo real.
Campañas más largas. El Gobierno propone ampliar a 50 días el período para hacer campaña antes de las PASO y de las elecciones generales. Hoy, ese plazo es de un mes para las primarias y de 35 días para las generales. La idea es mantener, sin embargo, el límite de 25 días para la publicidad en los medios audiovisuales.
Combate al dinero negro. Con el antecedente fresco del financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, en 2007, con fondos de la mafia de los medicamentos, se promoverá la colaboración entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los distintos organismos de control del Estado, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procelac, la AFIP, la Anses y la Oficina Anticorrupción (OA). Todas esas dependencias estarán obligadas a entregar información a la justicia electoral.
Registro de proveedores. Se creará un registro de proveedores de bienes y servicios para campañas electorales. Esta propuesta tiene su origen en lo dificultoso que resulta para la justicia determinar la veracidad de los gastos declarados. En línea con las leyes de otros países de la región, se propone que las personas o empresas que ofrezcan bienes y servicios para la campaña por más de cierto monto deban inscribirse en un registro que llevará la CNE. Las empresas de transporte aéreo o de publicidad son un ejemplo. Con esto, creen en el Gobierno, la presentación de facturas truchas para justificar gastos no realizados.
Más poder a la Justicia. En la actualidad el control que hace la justicia electoral a verificar lo que los partidos declaran como gastos e ingresos. El proyecto en el que trabaja el Gobierno buscará darle a los jueces la posibilidad de investigar el financiamiento electoral más allá de las declaraciones que hacen las agrupaciones.
