Además se creará la Agencia de Información Pública y un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
El plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado en la última sesión del cuerpo.
El Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.
El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, y según este, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; donde el Estado tendrá 15 días para brindar la información solicitada y podrá prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.
“El Poder Judicial va a tener que difundir sus declaraciones juradas” declaró la diputada de la Unión Cívica Radical Karina Banfi, y sostuvo que es “una ley para los funcionarios más que para los ciudadanos” puesto que apunta a "conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos".
El presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley “va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado".
En caso de que un apersona solicite información y no reciba contestación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Información, podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.
