La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini quien dispuso también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez.
Como otra medida el juez además decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados, lo que determina que ninguno podrá vender o hipotecar sus propiedades muebles e inmuebles registrables.
El pasado lunes, los dos fiscales a cargo de la investigación Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, reiteraron su pedido al juez Ercolini para que citara a la ex presidenta a indagatoria además de otras 34 personas, donde remarcaban que investigaban una matriz de corrupción que abarcaba a la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública como el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.
"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial 9.
Finalmente para llamar a indagatoria a Cristina Kirchner, el juez Ercolini en su resolución sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares a saber: la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional, la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y finalmente el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
















