El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles un estado de emergencia en todo el país durante tres meses, mientras su gobierno continuó con la purga de funcionarios, militares y empleados privados y las detenciones de presuntos golpistas, cinco días después del fallido levantamiento armado que intentó destituirlo.
"Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores", aseguró Erdogan en un esperado mensaje a la nación, después de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad y con el pleno de su gabinete, según la agencia de noticias EFE.
Entre algunas de las prerrogativas que obtiene el gobierno con el estado de emergencia se destacan el establecimiento de toques de queda, las detenciones arbitrarias, el despliegue de militares en ropa de fajina por las calles, la limitación del derecho de reunión y la prohibición de libros y otras expresiones artísticas.
Poco antes de su discurso, Erdogan habló con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, y destacó que "este puede no ser el fin de los intentos de golpes, pueden tener más planes", en referencia a los seguidores de quien él considera el cerebro máximo de la asonada, el predicador conservador auto exiliado en Estados Unidos, Fetullah Gülen.
El mandatario, quien contó que estaba de vacaciones con su familia fuera de la capital en el momento del golpe, anunció que las víctimas de los golpistas sumaron 246 muertos y unos 1.500 heridos.
Además, ratificó que podría restaurar la pena de muerte para condenar a los golpistas en los próximos días.
"¿Estaríamos dispuestos a sacrificar la membrecía de la Unión Europea? Si el Parlamento toma esa decisión, yo la promulgaré", aseguró Erdogan, cuyo partido tiene mayoría absoluta , luego de que varios dirigentes europeos advirtieran que no aceptarán dentro del bloque a un país donde rige la pena capital.
Además de imponer el estado de emergencia, Erdogan defendió la masiva purga y las detenciones de presuntos golpistas, que mantienen en vilo al país desde el fracaso del levantamiento armado en la madrugada del sábado pasado.
"La Policía y el Poder Judicial tienen todas las evidencias. Están actuando dentro de la ley", sentenció Erdogan, quien anunció que ya fueron detenidos cerca de 11.000 personas, la mayoría militares que participaron activamente del fallido golpe que duró 12 horas.
Las últimas personalidades detenidas hoy fueron dos jueces de la Corte Constitucional de Turquía, una de las más importantes del país, y otro asesor militar del presidente Erdogan, según informó el canal de noticias local CNNTurk.
Dentro de esa misma avanzada gubernamental, el Consejo Superior de Educación turco había prohibido horas antes al personal de las universidades salir del país, una medida que se suma a una purga que ya dejó a unas 55.000 personas desempleadas, entre ellas más de 8.000 policías, 6.000 oficiales, casi 300 jueces y fiscales, 20.000 maestros y más de 1.500 decanos universitarios.
La agencia oficiosa de noticias Anadolu, finalmente, informó que el ministerio de educación inició los sumarios para clausurar 626 instituciones educativas, informó la cadena CNNTurk en su cuenta en la red Twitter.
La prohibición al personal universitario de abandonar el país va más allá del veto genérico de viajar al extranjero impuesto el lunes a todos los funcionarios: la carta del Consejo, más conocido como YOK, exige a los trabajadores de las universidades que estén de vacaciones regresar a sus puestos de trabajo y extiende la prohibición hasta los rectores de todas las universidades del país.
Incluso los profesores universitarios turcos que trabajan en universidades extranjeras por acuerdos internacionales deben regresar a Turquía lo antes posible, insiste la carta del YOK, difundida por la televisión pública TRT.
Estas medidas se añaden a la exigencia del Consejo, difundida ayer, por las que todos los decanos de las facultades, un total de 1.577 académicos, tanto en las universidades públicas como en las privadas, deben dimitir de su cargo.
Además, el YOK exige a los rectores investigar a todo el personal de las universidades para determinar posibles vínculos con la red de Gülen, un antiguo socio de Erdogan que actualmente vive en Estados Unidos.
Por otro lado, la Junta de Comunicaciones y Telecomunicaciones, el órgano que vigila Internet en la nación turca, confirmó que había adoptado una "medida administrativa" contra Wikileaks, aunque no brindó explicaciones sobre los motivos del bloqueo, informó el diario Hürriyet.
"Hay que subrayar que los correos (...) son, principalmente, utilizados para hacer negocios con el mundo y no para asuntos internos más sensibles", señaló el comunicado de la Junta.
El portal fundado por Julian Assange filtró ayer casi 300.000 correos electrónicos que corresponden a "la primera parte" de una serie de e mails con archivos adjuntos que van desde la letra A hasta la I, y que datan desde 2010, según un comunicado de Wikileaks.
El material se obtuvo una semana antes del intento de golpe, precisó el comunicado que aclara que su procedencia del material no está conectada "de ninguna manera con los elementos que están detrás del intento de golpe de Estado, ni con partidos políticos rivales ni con el Estado".
En medio de tantas prohibiciones, Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy sobre las "severas medidas" que está tomando el gobierno turco y pidió a las autoridades que respeten los derechos humanos y no restrinjan arbitrariamente la libertad de expresión.
"Estamos siendo testigos de unas severas medidas de proporciones extraordinarias en Turquía", alerta la ONG en un comunicado en el que expresa su temor a que las "purgas" que está aplicando el Gobierno lleguen a censurar a periodistas y medios, "incluidos aquellos críticos con la política gubernamental".
"Si bien es comprensible y legítimo que el gobierno investigue y sancione a los responsables del sangriento intento de golpe, debe cumplir con el Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión", aseguró en el comunicado, Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional en Turquía.
Hoy la Policía prohibió a la publicación de una edición especial de la revista satírica turca Leman en la que se hace referencia al fallido golpe de Estado.
"A nuestros lectores: se ha impedido la distribución de la revista Leman mediante notificación policial a la imprenta", señalan los responsables de la publicación en un mensaje de la red social Twitter.
La portada de la revista, difundida en las redes sociales, muestra una mesa de casino en la que se enfrentan dos jugadores, de los que sólo se ven las manos.
"Yo pongo los soldados", dice uno, empujando a unos reclutas diminutos, a lo que el otro, haciendo avanzar a civiles, responde: "Yo pongo el 50%", en referencia a la fórmula con la que el presidente Erdogan, suele referirse a sus seguidores, aproximadamente la mitad de los votantes.
