Por Carlos Leyba. El segundo semestre empezó conmovido por el protagonismo del principal problema energético que es el del gas, insumo de más del 50% de la matriz energética primaria.
Detrás de la tarifa a los consumidores, que ha producido la rebelión, está el precio del gas en boca de pozo que impacta en toda la economía y al que se lo quiere sacar de la discusión.
El planteo oficial
El Gobierno ha planteado el aumento de tarifas como un instrumento que modere el consumo. Antes, J.J. Aranguren dijo “que el no pueda pagar, no cargue nafta” y Mauricio Macri, “no hay que andar en patas”. El despilfarro es condenable. La política tarifaria de los K fue perversa en todas sus dimensiones y revela la ignorancia y el desprecio por el bien común de la burocracia kirchnerista. Abandonar esa estructura tarifaria es una necesidad fuera de toda discusión honesta. Pero toda discusión honesta para fijar la tarifa base, y de ahí en más todo lo que implica la tarifa social y complementos, debe partir del costo del gas en boca de pozo desde donde se escala toda la tarifa.
Sabemos que hasta que se produzca una real transformación de la matriz energética no habrá nada más importante en la materia que el precio del gas en boca de pozo, sus reservas y su producción.
Ante la rebelión tarifaria intervino la Corte Suprema. Exigió información y audiencias públicas, como una apelación a recuperar el concepto de bien común en la administración de las políticas públicas que, en este caso, parecería que con el tarifazo ha naufragado.
Si el precio del gas en boca de pozo llegara a quedar fuera de las audiencias públicas, por la presión de la corporación de concesionarios petroleros, las mismas serán una farsa. El precio del gas es la cuestión principal. Veamos.
Los números
Desde los ‘90, con la privatización de la política energética que de eso se trata, hemos asistido a una caída o estancamiento de las reservas hidrocarburíferas, según las declaraciones juradas de las empresas que están “certificadas” por auditorías contratadas por ellas. ¿Enron, subprime, certificaciones ad hoc?
Desde entonces han sido casi nulas las inversiones en exploración. Además, en los últimos años, asistimos a una reducción o estancamiento de la producción. Ese atraso productivo es justificado por las petroleras por el precio del gas en boca de pozo.
Sin embargo, la política de precios de gas, durante el menemismo y la Alianza, fue de mercado y no hubo inversiones en exploración. Durante el kirchnerismo hubo una política de precios anárquica que incluyó un precio de US$ 7,50 el MMBTU para el “gas nuevo” como incentivo a la producción y a la exploración. No hubo ni lo uno ni lo otro. Ese incentivo hoy está vigente.
Desde la pesificación de las tarifas las mismas fueron decrecientes en términos reales para el consumo. El Estado compensó a las petroleras con subsidios crecientes a la producción. Un caso muy especial es el subsidio, inventado por Axel Kicillof y continuado por Mauricio Macri, al barril del petróleo, que representa 50% del valor internacional. Tenemos petróleo y naftas caras comparadas con el resto del mundo. Pero eso no implicó ni aumentos de la exploración ni aumentos de la producción de petróleo.
La reducción de subsidios, para disminuir el déficit fiscal, y la fijación de una tarifa de gas que compense los costos más una razonable utilidad es el fundamento público del tarifazo que generó la rebelión.
El contexto es que hace más de veinte años, en la práctica, las inversiones de exploración en hidrocarburos son prácticamente inexistentes. Además el país no ha contado con una estrategia para desarrollar las energías renovables para las que tenemos todo, incluido tecnología y experiencia.
Así llegamos…
De resultas de tantas ausencias, el Gobierno de Cambiemos afirma la existencia de un “colapso energético”. Sin embargo, como mínimo, disponemos de reservas certificadas por ocho años de consumo y eso, más allá de requerir una política de exploración que las incremente, implica que importamos porque no producimos. Es decir, no extraemos de lo propio lo necesario. La falta de producción (extracción) y exploración, según los productores petroleros, obedece a que no reciben el costo más la utilidad razonable.
La producción y las reservas se registran a partir de las declaraciones juradas de las petroleras, y también la información de costos procede de ellas mismas. De esta situación se deriva que seguramente las reservas están subestimadas y los costos están sobreestimados. Si fuera así, la ausencia del Estado en la generación de información tendería a aumentar el estado de “colapso” y deja al Estado, y a la sociedad, indefensos frente a la presión de las petroleras.
El Estado, desde la privatización, no audita por sus medios (ni por medios técnicos contratados por el Estado) el verdadero costo de la extracción, tampoco las reservas ni la producción. La información está privatizada por las mismas petroleras y el Estado adopta la información de ellas como propia.
Una prueba de orfandad informativa la ha dado el contrato de YPF con Chevron: la empresa de mayoría estatal, con la anuencia de la Oficina Anticorrupción, se ha negado a publicar el contrato con Chevron a pesar de la manda de la Corte Suprema.
La corporación de los concesionarios petroleros mantiene el secreto de los costos y seguramente tratará de mantenerlos a pesar de la manda actual de la Corte Suprema frente al fenómeno de las tarifas. Hay versiones de que el costo en boca de pozo del gas estará fuera de las audiencias públicas y, en las mismas, no se oirá lo que hay que oír.
¿Qué sabemos del tema?
Las petroleras, como consecuencia del nuevo precio de US$ 5 el MMBTU, ingresarán en el año US$ 4.000 millones más. El Henri Hub tiene un valor de US$ 1,90 el MMBTU; hasta hace poco, el gas licuado procedente de Africa y regasificado tenía un precio de US$ 4,50 el MMBTU y las últimas licitaciones, dependiendo de la demanda del momento, se han colocado en aproximadamente US$ 5,80 el MMBTU que, para comparar con el precio de boca de pozo en el país, habría que descontar el costo de licuación, transporte marítimo y regasificación.
Es decir, el “tarifazo”, que se dispara a partir del precio del gas en boca de pozo, con algunos de los datos disponibles amerita, como mínimo, recabar información que sea auditada por el Estado para cerciorarnos que el costo inicial de la cadena energética, que afecta de manera directa a millones de consumidores y a más del 50% de todas las actividades, está plenamente justificado y no es producto ni del secreto ni de la presión de la corporación de concesionarios petroleros.
El contexto
La reciente experiencia de las auditorías del director nacional de Vialidad de Cambiemos (honesto, capaz y coherente) que ha determinado que la “corporación de concesionarios de obras públicas” se llevó en la era K 50% más de lo que sus servicios valían, debería inspirarnos para transparentar el costo en boca de pozo y el de toda la cadena. Y a partir de auditorias técnicas independientes conocer realmente cuál es el costo para producir todo lo que necesitamos y evitar el “colapso” energético.
Hubo sobreprecios en la obra pública y se determinó gracias a auditorías del Estado. Deberíamos auditar la tarea de la “corporación de concesionarios del petróleo” porque no hay razón para hacerla merecedora ab initio de una eximición de las investigaciones públicas para determinar sus costos.
Con esa información tendremos el panorama real para diseñar una política energética que permita aumentar la producción y acelerar el proceso exploratorio de recuperación de reservas. No podrá haber política energética ni política de precios y tarifas sostenible si no se pone en blanco y negro el precio del gas en boca de pozo. Sin esa información no podremos entender por qué con US$ 7,50 el MMBTU no aumenta la producción ni la exploración y por qué el precio promedio en boca de pozo que ha desatado la rebelión es mucho mayor al Henri Hub o al procedente de Africa aún en las últimas licitaciones que han aumentado casi el 40% por sobre las anteriores. Hay en juego US$ 4.000 millones y un problema político de enorme gravedad.
El desafío
El problema político es continuar con la política del secretismo y la sorpresa, característica del kirchnerismo, o la “sabiduría” del mercado en cuestiones estratégicas propias del menemismo. Ambas políticas han operado, consciente o inconscientemente, contra el bien común. El Estado del bien común toma decisiones sólo a partir de información completa que se transparenta al conjunto de la sociedad. Y, al tomarlas, diseña una estrategia de largo plazo que debe contar con el mayor consenso posible. El secretismo y la “sabiduría” del mercado han fracasado olímpicamente en materia de energía porque tenemos menos reservas y ha mermado la producción. La energía fósil se ha convertido en una limitación para el crecimiento y, además, nada hemos hecho de envergadura en estos últimos 25 años para desarrollar las energías renovables en un territorio notablemente dotado para ellas y tampoco en la nuclear para la que disponemos de saberes más que avanzados.
Si este Gobierno realmente quiere cambiar las malas prácticas de la política, el primer paso es colectar la información desde la perspectiva del interés público, como lo hecho la Dirección de Vialidad.
Con esa información real (costos, reservas, capacidad de producción) definir un diagnóstico con la participación de los profesionales independientes y los expertos calificados con los que cuenta y ha contado el sector público y a partir de allí diseñar una estrategia sustentable de largo plazo con el consenso de los partidos políticos y las organizaciones sociales y económicas.
Pero, sin ir tan lejos, el primer paso es colocar el precio del gas en boca de pozo en el centro de las audiencias públicas y que el Estado se comprometa a auditar esos costos con el concurso de consultores independientes y los hay internacionales disponibles como, por ejemplo, en Noruega.
Fuente: El economista
