Indica el legislador radical que el decreto reglamentario N°7930-G-2003 y su modificatoria N° 1072-G-2004 vulneran el libre acceso a la información, y contradicen la ley que reglamentan, pues exigen acreditar extremos que la propia ley deja de lado, pues ella impone solo requisitos: el ser persona (física o jurídica), con la sola previsión de tener arraigo en la provincia, y no la presentación de los títulos, habilitaciones e inscripciones pertinentes exigidos por los decretos dictados por el Ejecutivo.
“El decreto reglamentario es más restrictivo que la ley”, afirmó el legislador radical y detalló que dicha disposición limita el ejercicio de un derecho consagrado en los artículos 1, 14, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Derechos civiles y políticos), artículos: 11 inciso 1, 31 y concordantes de la Constitución Provincial.
Oehler fundamenta su pedido de derogación de los decretos vigentes y la sanción de una nueva norma reglamentaria ajustado a los preceptos establecidos en la sentencia de la Corte Suprema del 21 de octubre de 2014 ( Recurso de hechos deducido por la actora en la causa: Oehler, Carlos c/ Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy-Estado Provincia s/Recurso de Inconstitucionalidad) que expresa que “el derecho de libre acceso a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica en la Provincia, sin que sea necesario indicar las razones que lo motivan”.
El diputado provincial advierte que a fin de evitar acudir a la Justicia Provincial para que declare la inconstitucionalidad del decreto citado, con el convencimiento de que lo que se está peticionando redundará en una mejor democracia para todos los jujeños. Finalmente reitera el pedido de derogación de los decretos reglamentarios de la ley 4444, y dicte uno nuevo que respete lo que dicha ley dice y que no desnaturalice su fin y sus objetivos.
