El Grupo de los Seis, que integran la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), elevó finalmente el pedido de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Abastecimiento, a la que consideraron "una amenaza concreta".
Además, los representantes empresarios solicitaron a la Justicia Civil y Comercial una medida cautelar para que le impida al Gobierno aplicar la ley hasta que finalice el juicio.
La presentación de los empresarios se realizó a pesar de la advertencia de la presidente Cristina Kirchner durante su discurso en el cierre de la Conferencia Anual de la UIA, el pasado miércoles. Ese día, delante de todos los representantes empresarios, aseguró que no se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad en abstracto, por lo que pidió que aguarden a que la ley quede reglamentada y se produzca algún caso concreto.
Si bien la ley fue aprobada por el Congreso hace 90 días, el G-6 demoró la decisión porque dudaban si podrían acudir a los tribunales a impugnar en forma abstracta la nueva norma, como marcaba la mandataria. Pero el estudio de abogados de Juan Carlos Cassagne, a cargo del tema, evaluó que la presentación podría prosperar a raíz de lo que consideran "un daño inminente".
"Como todo en el mundo del derecho, es opinable. Tenemos antecedentes de jurisprudencia que respaldan nuestra posición", dijo a la agencia DyN el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja.
La llamada Ley de Abastecimiento es en realidad un paquete de tres leyes. Una es una reforma de una ley que data de 1974, sancionada para evitar maniobras de acaparamiento de productos que en aquella época eran comunes, otra es la creación de un fuero judicial para el consumidor, y una tercera es la creación de un Observatorio de Precios.
Los mayores cuestionamientos de los empresarios se concentran en la primera, debido a que permite la intervención directa del secretario de Comercio o cualquier gobernador de provincia en la cadena de un sector productivo.
También se le otorga facultad a la Secretaría de Comercio, a cargo de Augusto Costa, de obligar a una empresa a producir algo aunque sea a pérdida, si desde el Gobierno se entiende que se trata de un producto estratégico.
Respecto al nuevo fuero del consumidor, los empresarios cuestionan el punto que obliga a las empresas a pagar multas establecidas por la Secretaría de Comercio, antes de poder elevar una queja ante la Justicia.
