La iniciativa, que obtuvo el martes por la noche media sanción en la Cámara baja de México con 292 votos a favor, postula la reforma de los artículos 11 y 73 constitucionales referentes al derecho a la movilidad universal, abriendo la posibilidad de restringir la protesta social, según alertaron distintos partidos de oposición y organizaciones civiles.
La modificación del artículo 11 plantea que "el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad", mientras que la del artículo 73 faculta a gobiernos locales a expedir leyes en materia de movilidad universal, de acuerdo con el periódico local El Zócalo.
Aunque las modificaciones no hacen explícita ninguna prohibición o limitación de las protestas, el abogado Robles Maloof consideró que al introducir este fraseo al artículo 11 "lo que están haciendo es introduciendo la posibilidad de que en la ley secundaria se restrinja". "La ley puede establecer cualquier tipo de distorsiones, que después habría que cuestionar en la Suprema Corte", aseveró.
"Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a la protesta social y, en consecuencia, la represión oficializada", criticó, por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Graciela Saldaña Fraire.
También durante la discusión en el recinto, el vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja; la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, y la diputada petista Lilia Aguilar Gil hicieron advertencias del mismo tenor
Mejía Berdeja dijo que podría utilizarse "como una coartada para la represión" y se refirió a la previsible contradicción entre la libertad de tránsito y el derecho a la movilidad universal que propone la reforma. Puede "ser la vía para justificar, frenar movilizaciones, frenar actos legítimos de protesta, impedir el libre tránsito o violentar derechos", según denunció.
La media sanción de la reforma ocurre en un contexto particular. Desde hace dos meses, México es escenario de manifestaciones que han ido ganado intensidad por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, que habrían sido secuestrados por policías corruptos y luego ejecutados por miembros del cártel Guerreros Unidos por orden del ex alcalde José Luis Abarca.
La falta de avances, la imposibilidad de corroborar que los restos encontrados pertenezcan a los normalistas y el destape de decenas de fosas comunes, que revelan el terror al que se exponen a diario los mexicanos, han precipitado las protestas contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El mandatario ha sido cuestionado por su inacción y por tomar medidas que fueron juzgadas insuficientes e inadecuadas. De hecho, Peña Nieto tenía prevista una visita para este miércoles a Iguala, que debió ser cancelada por temor a encontrarse con marchas violentas en su contra.
