Tras la ola de detenciones de dirigentes sociales y ex funcionarios de la gestión pasada, varias fueron las opiniones que se escucharon en el ámbito de la Legislatura, sobre todo durante la cuarte y última sesión ordinaria celebrada por ese cuerpo. La mayoría de las voces que se levantaron partieron desde la bancada justicialista, que hizo saber públicamente su desacuerdo con el procedimiento que la Justicia venía llevando adelante con ciudadanos que ejercieron hasta el 10 de diciembre la gestión pública.
Cabe mencionar que desde el bloque del PJ se anticipó la presentación de un jury de enjuiciamiento contra el juez de Control Penal, Isidoro Cruz; el fiscal General de la Acusación, Sergio Enrique Lello Sánchez; y el agente Fiscal 6, Gustavo Araya, por mantener a ex funcionarios privados de su libertad, sin que se les garantice el derecho a una legítima defensa o realizar el aporte de las pruebas que sean necesarias para su descargo.
La crítica hacia ese proceder sobrevino luego de conocerse el pedido de detención del ex jefe de Gabinete de Ministros de la administración de Eduardo Fellner, Armando Berruezo. Inmediatamente algunos legisladores del PJ pusieron en tela de juicio el procedimiento llevado a cabo para las detenciones de Lucio Abregú, Pablo Tolosa y Martha Gutiérrez, ex funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo.
Sobre esta situación, el diputado Miguel Lembo (PJ) refirió que “para nada el bloque está pidiendo inmunidad y mucho menos impunidad. Aquel que tenga que ser investigado, que sea investigado. Vamos a apoyar las investigaciones, pero siempre que éstas que realicen en un marco de imparcialidad. A nosotros nos preocupa que sin investigación mediante se detengan a las personas, estableciendo un juicio previo y condicionante”.
“Nos preocupan las formas, porque el principio general de todo proceso es la presunción de la inocencia, pero aquí los procedimientos vienen siendo al revés, porque primero pareciera ser que son culpables y luego recién se pone en marcha la investigación. Esto denota una gravedad institucional alarmante”, enfatizó.
Las declaraciones del legislador pejotista se sumaron a la de otros de su misma bancada, que en igual sentido criticaron el modo de actuación de la Justicia frente a casos de supuestos delitos cometidos por ex funcionarios de la gestión fellnerista.
