Lo decidió la Sala II de la Cámara Federal. En la causa se investigan sobreprecios.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y otros ex funcionarios por las irregularidades en la licitación del “Plan Qunita” para mujeres beneficiarias de la asignación por embarazo, que significó una inversión de más de $ 1.100 millones. Sin embargo, el tribunal revocó el procesamiento del ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, quien ahora cuenta con falta de mérito.
La denuncia inicial apunta a una sobrevaluación de los 149 mil kits (finalmente fueron 140 mil) comprados a varias empresas. En octubre pasado, el juez Bonadio había citado a indagatoria a varios funcionarios y a todos los empresarios involucrados, a los que luego terminó procesando.
Sobre Manzur, la Cámara destacó que "su actuación se circunscribió a la primera etapa del expediente, donde aún no se advertía el direccionamiento de la licitación a favor de las firmas en cuestión". Y que en esta etapa del proceso el precio de los kits era de $ 4500, similar al fijado por la SIGEN.primer informe.
Además de Fernández, la Cámara confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y de varios ex funcionarios de menor rango esa cartera por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Junto con los funcionarios nacionales también fueron procesados los dueños de Fasano SRL, Dromotech, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SR, Fibromad y Delta Obras y Proyectos. Los jueces de la Sala II tambié ratificaron los embargos sobre sus bienes.
El “Plan Qunita” se instrumentó a través de la licitación 04/2015, que terminaron ganando seis empresas. Las dudas surgieron a partir de los antecedentes de las firmas. La más beneficiada fue Fasano SRL, que accedió a un multimillonario contrato de $ 903 millones.
La legisladora opositora Graciela Ocaña, denunciante en el caso, dijo que Fasano no tenía antecedentes en el rubro y también habló de sobreprecios porque cada kit se pagó casi 8000 mil pesos y su costo de mercado sería menos de la mitad. Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estableció un precio de referencia que apenas superaba los 6.600 pesos. Pese a eso, el ministerio de Salud siguió adelante con la licitación.
Pese a ratificar en gran parte la investigación de Bonadio, la Cámara le ordenó al juez que escuche a los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que intervinieron en la licitación.
