Cristóbal López intentará extender la cesación a todo el Grupo Indalo
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo o casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding.
Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.
Esas maniobras ahora bajo la lupa incluyen créditos cruzados entre compañías del grupo -sin interés ni fecha de devolución o con intereses, pero que terminan capitalizados porque no se abonaron durante años-, sustanciales revaluaciones contables de los bienes de uso en al menos dos de ellas, la acumulación de pérdidas por cientos de millones de pesos, año tras año, la decisión de no pagar impuestos ni aportes previsionales para acogerse luego a planes de pago de la AFIP, y más.
Voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el Grupo Indalo. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.
La operatoria cuestionada, que para la AFIP podría configurar el vaciamiento total o parcial del Grupo Indalo, se encuentra ya bajo la lupa de la justicia en lo Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Comercial, y registró sus primeras consecuencias. Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores, apenas tres semanas después de que LA NACION revelara que acumuló más de $ 7600 millones de deuda fiscal, al no abonar durante años el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Ello se sumó a las deudas fiscales que acumularon otras empresas del Grupo, hasta superar los $ 8000 millones.
El segundo pilar del Grupo, Inversora M&S, recibió más de $ 3300 millones de esos impuestos impagos para expandir y financiar el holding. Aunque muestra mejores números, acumuló pérdidas por más de $ 650 millones en dos años y se acogió a planes de pago de la AFIP. Allí trabaja la sobrina de la ex presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, a su vez presidenta de Hotesur, la sociedad con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.
En tanto, el tercer pilar del Grupo, Oil M&S, que acumula saldos a cobrar de otras firmas del Grupo por $ 143 millones, se encuentra al borde del colapso, según sus auditores externos. De hecho, muestra iguales o peores índices que Oil Combustibles, que ya se concursó. ¿Por qué? Porque la firma dedicada a servicios petroleros arrojó "capital de trabajo negativo" por cerca de $ 228 millones, en el balance que cerró en junio de 2014, y agravó su situación al cierre de junio de 2015 hasta los $ 414 millones. Es decir, otros $ 642 millones en apenas dos años, según evaluó Deloitte Argentina.
No sólo eso. Sus números oficiales no son peores porque mediante una operación contable multiplicó 2,4 veces el valor de sus bienes de uso, que así pasaron de cotizarse a $ 378,8 millones. a superar los $ 927,1 millones, aunque la Inspección General de Justicia (IGJ) lleva más de un año sin aprobarlo.
Así, Oil M&S siguió los pasos de Oil Combustibles, que durante el mismo período también revaluó 8,2 veces sus bienes de uso. En el caso de Oil M&S, alertó Deloitte, si la IGJ no aprueba ese revalúo, "el patrimonio neto disminuiría en $ 326 millones".
Para sus auditores, sin embargo, más importante que ese revalúo son las flaquezas de las inversiones que Oil M&S hizo en Brasil. "Han incurrido en pérdidas recurrentes", alertan en el balance, al punto de poner en duda la subsistencia de Oil Perfuracoes Nordeste Ltda y Oil Perfuracoes Brasil como "empresas en marcha".
Para el socio de Deloitte, Carlos Lloveras, Oil M&S debe evaluarse dentro de un panorama más amplio: "Es parte de un grupo económico en el que ciertas unidades de negocios financian a otras que se encuentran en una etapa inicial o de expansión de sus negocios", planteó. "En consecuencia, la realización de los activos y la cancelación de los pasivos entre empresas del grupo está condicionada al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad."
Lloveras fue más directo en el párrafo siguiente de sus "salvedades", que fechó el 28 de diciembre pasado: "Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre que puede generar duda sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento".
Las dudas sobre Oil M&S, que acumula saldos a cobrar de otras firmas del Grupo por $ 143 millones, llevó a uno de sus accionistas -cuyo nombre no está en el balance- a comprometerse por escrito "a cubrir los desfases financieros" de la empresa hasta que comience a cotizar en alguna Bolsa. Aún no ocurrió.
Lázaro Báez adeuda casi $ 90 millones de aportes
Durante los últimos 15 meses no hizo los pagos a la obra social y al gremio de los empleados de Austral Construcciones
Austral Construcciones, la nave insignia del grupo empresario que encabeza Lázaro Báez, no pagó durante los últimos 15 meses los aportes de obra social y sindicales de los trabajadores. Así, retuvo de manera irregular casi 90 millones de pesos.
Por esta maniobra, la principal contratista de la obra pública santacruceña será demandada judicialmente por la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y su obra social. El gremio y la prestadora exigirán en total el pago de una deuda que hasta el 31 de marzo alcanzaba los $ 87.968.673, según detallaron fuentes del sindicato que dirige a nivel nacional Gerardo Martínez.
Durante el kirchnerismo, cuando Báez monopolizó la obra pública en Santa Cruz, la Uocra aportó miles de albañiles a los diferentes proyectos. Según una auditoría presentada por Vialidad Nacional, Austral Construcciones obtuvo contratos por 16.000 millones de pesos en los últimos cinco años. Concentró la mayoría de las obras viales de la provincia, aunque también participó en la de un gasoducto, escuelas y hospitales.
El número de obreros que aportó el gremio fue variando de acuerdo con las necesidades, pero desde hace dos años que la contratación de la mano de obra viene en baja, según fuentes gremiales y de la Cámara de la Construcción.
La empresa de Báez, que nació en 2003 a los pocos meses de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, retuvo los aportes de la seguridad social, cuyo pago son obligatorios para todo empleador. La deuda de Austral con la Uocra se hizo aún mayor porque hubo miles de albañiles a los que además se les retenía el 2,5 por ciento de los sueldos, un monto que debía consignarse como cuota sindical.
El equipo de abogados de la Uocra demandará a Austral Construcciones por defraudación y retención indebida de fondos. Báez, además, deberá afrontar la intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que podría penalizarlo.
El empresario se quedó recientemente sin su habitual vocero y ahora lo ayudaría con la comunicación un periodista del diario santacruceño Tiempo Libre, del que él es dueño.
Desde Tiempo Libre, Báez libra una batalla retórica con la gobernadora Alicia Kirchner, quien le quitó recientemente la concesión de obras y desmintió un vínculo comercial entre el empresario y su familia.
Alicia Kirchner reconoció que la provincia está quebrada y precisó el déficit hace dos semanas, cuando envió a la Legislatura el presupuesto oficial con casi $ 7000 millones en rojo. Anteayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con la gobernadora en Río Gallegos y confirmó que habrá apoyo financiero para la provincia.
El rojo del presupuesto todavía causa alarma en una provincia que desde febrero luce a veces sitiada por los piquetes y las protesta de los empleados despedidos de las empresas de Báez. Los despidos y el pago de los sueldos retrasados son otro frente que mantiene en plena disputa al empresario con la Uocra.
La retención de los aportes es una práctica que se dio únicamente en Austral Construcciones, según a los registros. No sucedería lo mismo en otras empresas satélite vinculadas al empresario, como Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
Con este episodio de los aportes retenidos, el empresario santacruceño, que está siendo investigado por lavado de dinero, suma otro problema en esta nueva etapa sin aliados en el gobierno nacional.
















