Un joven murió el sábado en un episodio con la policía. La falta de productos genera tensión en los mercados.
La muerte acecha en las colas de Venezuela. Eran las 6.30 de la mañana del sábado cuando el estudiante Luis Martín Leal Villareal cayó abatido por la policía bolivariana luego de hacer la larga fila en Farmatodo para comprar productos de aseo personal en el populoso barrio caraqueño de Catia.
Este es el primer caso en el que la policía sería la responsable de una muerte en las colas para comprar productos de primera necesidad. Su muerte engrosa las cifras rojas de los fines de semana en Venezuela, uno de los países más violentos del mundo donde se producen 28.000 homicidios al año (90 por cada 100.000 habitantes), en medio de la peor escasez de alimentos, la mayor inflación, inseguridad, y para colmo racionamiento de agua y luz. Claudia Villarreal, madre de la víctima, explicó a la prensa que su hijo y dos amigos habían estado haciendo la cola desde la noche del viernes, primero en el supermercado “Día a Día” hasta las 5.30 de la mañana y luego continuaron en la cadena de Farmatodo.
Los testigos cuentan que la policía hizo varios disparos al aire. Asustada, la gente que estaba haciendo cola se dispersó corriendo. Pero uno de los disparos alcanzó en la espalda a Leal Villarreal, que estudiaba el último año de bachillerato y era el segundo de tres hermanos. La ironía le jugó una mala pasada, dice su madre al pedir justicia. El joven Luis Martín aspiraba ingresar a una de las academias de policía para ser profesional en ese campo.
Con este caso, lo nuevo es que la violencia se ha incrementado en las colas de los supermercados y cadenas de farmacias. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre enero y febrero de 2016 documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo por falta de alimentos. Y precisa que en febrero se reportaron 41 saqueos, el número más alto en los últimos 12 meses. También destaca que 81% de los hechos vandálicos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas mientras cubrían sus rutas de distribución. “El 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones”, señala el Observatorio.
Y la población más afectada es la clase media cuyos centros comerciales y supermercados han sido ocupados por los “bachaqueros” o revendedores de los sectores populares.
Carmen Landaeta, vecina de la urbanización El Cafetal, se queja: "Nos sacaron de nuestros supermercados. Ya no podemos comprar en los comercios que nos eran habituales, a los que hemos acudido por años”.
Aseguró que no ha vuelto a ir al supermercado, en el centro comercial Caurimare, porque la golpearon por avisarle al vigilante que un grupo de bachaqueras se estaba coleando. “Me amenazaron y me persiguieron hasta el carro. Allí me cayeron a golpes por ‘sapa’ (delatora), dijeron, y se llevaron mis compras”.
