Dilma Rousseff, acosada por los escándalos de corrupción, afirmó que “nadie tiene el derecho a pedir la renuncia de un presidente elegido por el pueblo”.
Construyendo para la circunstancia una amplia sonrisa, la presidenta Dilma Rousseff juró ante los periodistas que “nunca, nunca” pensó en la posibilidad de dejar el poder antes de finalizar su mandato. Y añadió: “¿Acaso tengo cara de alguien que quiere irse?”. Enfática observó: “Nadie tiene derecho a pedir la renuncia de un presidente elegido por el pueblo, ya que eso es un acto voluntario”. “No tengo ningún interés en renunciar”. Y, con una estocada a fondo, sostuvo que exigir su salida “equivale a reconocer que no hay base para el juicio político”.
Para ciertos analistas, las afirmaciones de la gobernante serían más una tentativa de revertir lo que evalúan como un agravamiento de la crisis política. Sostienen que sería el actual ministro de Educación, y ex jefe de la Casa Civil, Aloizio Mercadante, quien le aconsejó convocar a la prensa para mostrar su voluntad “inquebrantable” de continuar en el cargo. Ya con los medios a su alrededor, citó su lucha contra la última dictadura militar: “Fui detenida y torturada. Y tengo respeto por el pueblo brasileño, por el voto que me dio. Creo que represento a ese pueblo, que no es resignado, sino luchador y combatiente”.
Lo cierto es que estos días fueron de gran convulsión. Al punto que parecían poner en jaque su continuidad en el Palacio del Planalto. En el núcleo político duro de Dilma creen que las dos acciones emprendidas contra el ex presidente Lula da Silva en una semana, primero por el juez Sergio Moro y luego por los tres fiscales de San Pablo, fueron “un tiro por elevación”. Apuntaban no sólo a deteriorar la figura del ex gobernante con el fin de impedir que se presentara como candidato en 2018. También procuraban debilitar a Rousseff al punto de llevarla a resignar la presidencia.
Todo parece indicar que las operaciones tuvieron un éxito efímero. Moro, el magistrado de Curitiba, tuvo que desandar el camino iniciado con la “conducción forzada” de Lula a declarar ante la policía federal. Hay quienes dicen que el juez paranaense había dispuesto trasladar al “declarante” directamente a la capital del estado de Paraná. Tanto es así que se mencionó, en un inicio, la existencia de un avión estacionado en el aeropuerto capitalino de Congonhas, que debería ser abordado por el ex jefe de Estado y un grupo policial. Se rumoreó, también, que esa era la razón por la cual habían llevado al líder político a testimoniar en una dependencia de la estación aérea.
Moro sostuvo, como consecuencia del episodio, que él había querido evitar “peligros” para el propio Lula, tales como peleas entre manifestantes de distintas tendencias que podrían poner en riesgo al declarante.
Si aquella medida no satisfizo a los medios políticos, ni tampoco a los judiciales, la del último miércoles provocó reacciones contrarias en cadena. El texto de la denuncia del trío de fiscales paulistanos contra el ex presidente fue motivo de jolgorio en las redes sociales. Es que los abogados (esa es la formación) habían confundido a Engels con Hegel, lo que provocó risas por un lado e indignación por el otro. Es que además, las causas para pedir el jueves la “prisión preventiva” de Lula hacían referencia al “grupo violento” de sus seguidores, que podrían causar desmanes.
Este viernes, desde la oposición la repulsa era masiva. Y no pocos periodistas, nada simpáticos al ex mandatario y al PT, criticaron la iniciativa de los tres miembros del ministerio público paulista. Advirtieron que estas acciones dejaban nuevamente al ex líder metalúrgico en “la posición de víctima”. De modo que en vez de ayudar a la causa de la oposición, en realidad la enterraban. En el medio del fárrago noticioso, que estos días abrumó lectores, televidentes y oyentes, ayer por la tarde dirigentes del Partido del Movimiento Democrático de Brasil dijeron que, por ahora, continúan en el gobierno de Rousseff. Este era, hasta ahora, el verdadero Talón de Aquiles de la presidenta. Se había dicho que en la convención, que debe ocurrir este sábado, se iría a consagrar la salida del PMDB, al cual pertenecen tres de los más encumbrados miembros de la política brasileña: el vicepresidente Michel Temer, el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el jefe del Senado Renan Calheiros. Cunha fue declarado “reo” por la Corte Suprema una semana atrás. Se lo acusa de haber recibido 5 millones de dólares de las coimas de Petrobras en el exterior, en cuentas, claro está, no declaradas.
Pero hay algo tal vez peor: Calheiros admitió que él puede “ir preso en cualquier momento”. Está mencionado en la causa del Lava Jato por varios delatores. Otro tanto ocurre con el vice Temer. Trascendió que fue mencionado por el senador Delicidio Amaral como uno de los involucrados en los casos de corrupción.
















