El Congreso rechazó de plano el decreto con el cual el gobierno buscaba decomisar producción y bienes de las empresas.
El parlamento venezolano, controlado por la oposición, rechazó este viernes el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro. Con ese instrumento, el gobernante bolivariano esperaba legislar por encima del Congreso y estar habilitado para decomisar bienes y mercaderías de las empresas privadas a las cuales el régimen culpa de la arrasadora crisis económica que sufre el país. El portazo parlamentario repone el choque de poderes presente desde que el chavismo, por primera vez en 17 años, perdió el control de ese poder crucial.
La nueva situación disparó fuertes versiones en Caracas sobre que el régimen impulsará algunas medidas que sí puede manejar sin el concurso legislativo para aliviar la crisis que lo acorrala. Una de ellas es una nueva devaluación, un esquema que ha aplicado tanto Maduro como su mentor Hugo Chávez para diluir parte del enorme déficit fiscal que motoriza una inflación en disparada. Y, además, un aumento del precio de la gasolina. Es la más barata del mundo por los subsidios de más de 15 mil millones de dólares anuales del gobierno para mantener esos precios. Un tanque de 50 litros se llena con el costo de un caramelo, menos de tres bolívares.
Esos precios se han mantenido por presión popular. Pero son parte de uno de los negocios más provechosos en el mercado negro que contrabandea el combustible a Brasil y Colombia con ganancias anuales cercanas a los 4 mil millones de dólares.
El diputado José Guerra, presidente de la comisión parlamentaria evaluadora de la iniciativa oficialista, explicó que se la rechazó porque agudizaría la crisis “sin precedentes” que sufre Venezuela. “Es terminante, no aprobación”, sostuvo apoyado en la mayoría opositora. “La explicación de la crisis es muy deficiente porque habla de una guerra económica” como causa de las calamidades del país, añadió el legislador. La oposición considera absurda la explicación oficialista para la crisis y la responsabiliza en una deficiente conducción que ha autorizado una enorme emisión sin respaldo y trabado las inversiones.
El choque con la oposición se agudizó después de que el régimen se negó a que sus ministros fueran interpelados frente a la prensa sobre la crisis. Quería una sesión secreta que la oposición rechazó. El presidente del legislativo, el líder opositor Henry Ramos Allup, exclamó: “Así de malas serán las cifras económicas que las quisieron guardar en secreto”.
El portazo cayó como un balde de agua fría para el gobierno, algunos de cuyos funcionarios descontaban que no habría rechazo. El decreto, que duraría 60 días renovables por otros 60, buscaba compartir con el nuevo Parlamento la responsabilidad de la crisis. Conocida la novedad, Maduro convocó un Consejo Nacional de Economía para acusar a la oposición de no querer colaborar con la solución de la crisis. “Yo procedí de buena fe, allá ellos”.
Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, dijo que el Parlamento “nos ha hecho perder el tiempo ... todo ha sido un show mediático”.
En su texto, el decreto acusa “a la burguesía y oligarquía nacional e internacional” y “al imperialismo” por la “guerra económica”. En ningún momento el gobierno asume responsabilidad por el desastre. Ni siquiera incluyó cifras para mensurar la crisis.
Para el momento en que Maduro lanzaba su decreto la semana pasada, el Banco Central, luego de un año de no publicar los indicadores económicos, anunció que en septiembre la inflación anualizada era de 140%. Extraoficialmente la entidad reveló que 2015 cerró con 270 por ciento de inflación, la más alta del mundo y en camino ascendente. Tampoco hay cifras oficiales sobre el nivel de las reservas monetarias, que serían menores a 14.000 millones de dólares, equivalente a los pagos de deuda comprometidos para este año.
En resumen el decreto de Maduro buscaba decomisar “cualquier edificación, maquinaria, medio de transporte que sea necesario para abordar la situación de emergencia”, es decir manipular las producciones de las empresas para abastecer los mercados bajo control gubernamental.
