Es por una “emergencia económica” que da amplios poderes al presidente. Mañana hay una marcha en Caracas.
Nada parece indicar que el decreto de “emergencia económica” que ha presentado el presidente Nicolás Maduro al Parlamento venezolano vaya a ser aprobado. Todo lo contrario: las opiniones vertidas conducen a señalar que el Poder Legislativo, con mayoría opositora, tras evaluar y debatir la solicitud va a objetar el decreto presidencial. Y eso a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia –la Corte Suprema velezonana, también controlada por el chavismo– viene de determinar que la medida del presidente es “constitucional”. El caso se asoma como un nuevo choque de poderes.
La decisión del Tribunal se conoció el miércoles, en respuesta al pedido de Nicolás Maduro, cuyo decreto tiene 60 días de duración prorrogables aunque debe contar con el apoyo parlamentario. Maduro se anticipó y solicitó la intervención de los jueces. Sin embargo, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que quien está facultado para decidir sobre la aprobación o no del decreto de Maduro era el Poder Legislativo y no el Supremo Tribunal.
El Parlamento venezolano tiene plazo hasta hoy viernes para pronunciarse sobre el decreto. Sin embargo, los ministros del área económica no fueron al Congreso tras negarse a que la sesión sea presenciada por la prensa. La negativa oficialista fue considerada por Ramos Allup como “un nuevo desacato” a los poderes del Parlamento.
Allup, como otros miembros de la oposición también lo han expresado, precisó que el decreto presidencial no ataca los problemas fundamentales en materia económica que sufre el país. “El decreto de emergencia del Gobierno es más de lo mismo. Buscan agudizar la crisis”, con lo cual reiitera su objeción al documento.
El gobierno chavista de Venezuela decidió declararse en “emergencia económica” para atender la situación del país que, después de un año sin que se publicasen indicadores, reveló el pasado viernes una inflación interanual hasta septiembre pasado de 141,5 % –la más alta de toda su historia– y una contracción del PIB del 4,5 %. A eso se suma una sequía de dólares que ahoga la economía, una caída a mínimos históricos de la producción petrolera, de la que dependen la mayoría de los ingresos del país, y un fenomenal desabastecimiento de productos de primera necesidad que, en algunos casos, oscila entre el 70 y el 90 por ciento.
“El referido Decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado”, dice el órgano judicial en su nota. El decreto da al Ejecutivo facultades que le permiten, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin contraloría del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. A una buena parte de estas facultades se opone la oposición, que afirma debe analizar primero la medida.Los líderes de la oposición, los economistas y los gremios empresariales temen que el decreto desate una nueva ola de expropiaciones y termine de arrasar con lo poco que queda de propiedad privada en Venezuela.
El diputado Juan Pablo Guanipa sostuvo que “si aprobamos el decreto, seremos cómplices de una situación económica y social que, con esas medidas, no mejorará. Si rechazamos el decreto, pretenderán hacernos culpables de una crisis que en ellos tiene a sus principales causantes”. Guanipa considera que el gobierno no va a modificar el decreto por lo que propone hacer un debate nacional sobre la emergencia. Mañana los parlamentarios de la alianza opositora MUD convocan a una manifestación en la plaza de Chacaíto para proponer alternativas que superen la crisis económica.
