El oficialismo apeló al Tribunal Supremo de Justicia como última opción ante la jura de los tres diputados impugnados por ellos. La oposición logró el martes la mayoría calificada de la Cámara
El oficialismo venezolano pidió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare la "nulidad" de las decisiones que tome el Parlamento de mayoría opositora, anunció el legislador chavista Pedro Carreño.
Al leer el texto de la demanda presentada ante el TSJ, Carreño dijo que se solicitó que se "declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional" por haber juramentado a tres diputados opositores impugnados por el oficialismo.
"Si el Poder Legislativo está en desacato y se coloca al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un Parlamento ilegal y, por tanto, sus decisiones son ilegales, nulas", añadió Carreño.
En abierto desafío al TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, el Parlamento juramentó a los tres opositores como diputados, con lo que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reivindicó la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre.
En la demanda, los oficialistas también acusaron a la junta directiva del Parlamento, presidida por el férreo opositor Henry Ramos Allup, por haber juramentado a esos tres legisladores el miércoles, pese a que existía una suspensión temporal de su proclamación dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al admitir impugnaciones del oficialismo.
Carreño, quien precisó que también le fue solicitado al TSJ que no publique ninguna decisión del Parlamento en la gaceta oficial, acusó a la MUD "de montarse en el Parlamento" para dar un "golpe de Estado" contra el presidente Nicolás Maduro.
El martes, en la instalación de la Asamblea, Ramos Allup planteó la agenda de la MUD centrada en presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el Gobierno, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas.
AMNISTÍA PARA LOS PRESOS POLÍTICOS: LA PRIMER BATALLA
La amnistía para presos políticos planteada por la oposición abrirá la batalla en el nuevo Parlamento venezolano, donde la ahora minoría chavista promete impedir que algunos de sus mayores adversarios, como Leopoldo López, vuelvan a escena.
Amparada en una amplia mayoría, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere golpear fuerte desde el inicio indultando a unos 75 detenidos como uno de sus primeros actos de la legislatura que arrancó ayer, tras casi 17 años de hegemonía chavista.
Pero aún con esa ventaja, a la MUD le espera un intrincado camino para poder ver en libertad a dirigentes como López, líder de su ala radical; al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; o al ex candidato presidencial Manuel Rosales.
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La denominada ley de Amnistía y reconciliación busca que "no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente", dijo Julio Borges, jefe de la fracción de la MUD, al presentar la agenda legislativa este martes.
El proyecto incluye a miles de "perseguidos" y exiliados por su oposición al chavismo, declaró a Delsa Solórzano, a cargo de la iniciativa, a la agencia Afp.
Aduciendo que algunos de sus potenciales beneficiarios son violadores de derechos humanos, el presidente socialista Nicolás Maduro advirtió que no aceptará "ninguna ley de Amnistía".
"Los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar", sostuvo Maduro a principios de diciembre, aludiendo en particular a protestas que buscaban su renuncia y dejaron 43 muertos, cientos de heridos y detenidos entre febrero y mayo de 2014.
"Entre los asesinos preparan una ley para perdonarse ellos", afirmó ayer el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien considera que López debe ser procesado también por asesinato.
Devenido en símbolo de los opositores presos y a quien muchos ven como futuro candidato presidencial, López fue condenado en septiembre a 13 años y nueve meses de cárcel acusado de llamar a la violencia en esas manifestaciones. La MUD quiere aprobar la ley en las primeras sesiones e incluir a "perseguidos políticos" (personas con alguna acusación judicial), de los cuales, según Solórzano, se contabilizan 4.700 casos desde las protestas de 2014.
"Amnistía ya", se leía ayer en una pancarta que llevó Lilian Tintori, la esposa de López, al Parlamento.
Juristas aseguran que Maduro no tiene facultad para bloquear la ley, aunque podría impugnarla ante la Sala Constitucional, una poderosa instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).















