Es por haber convocado al referéndum simbólico de 9 de noviembre. Un golpe después de la votación del domingo.
En el 75 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat de Catalunya durante la República, Lluis Companys, el próximo 15 de octubre, el actual titular del gobierno catalán, Artur Mas declarará como imputado ante la justicia acusado de varios delitos de desobediencia por haber convocado al referéndum simbólico del 9 de noviembre pasado.
La fiscalía acusa al principal dirigente de Convergencia Democrática y la coalición Juntos por el Si, la más votada el domingo pasado, de usurpación de funciones, desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación por no obedecer al Tribunal Constitucional que le prohibió realizar el referéndum.
El reproche penal contempla penas de fuertes multas, suspensión en el cargo e inhabilitación de hasta diez años. Mas deberá declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La indagatoria judicial contra Artur Mas comenzó en diciembre pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideraba siete querellas y veinte denuncias por desobediencia. El tribunal ha realizado pruebas testificales y recopilado una copiosa documentación sobre el caso.
“Estamos ante un juicio político”, acusó la portavoz de la Generalitat, Neus Munté. “Hay una enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra un presidente elegido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo”, añadió.
En el referéndum simbólico, prohibido por el gobierno de Mariano Rajoy, participaron 2,3 millones de personas de los que 1,9 votaron por la independencia. “La imputación a Mas es la mejor demostración de por qué tenemos que ser un país independiente”, aseguró el principal dirigente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que está aliado a Artur Mas en Juntos por el Si.
Esta coalición independentista más la Candidatura de Unidad Popular, también secesionista, sumaron 72 diputados (62 Juntos por el Si y 10 la CUP), mayoría absoluta, en la elección parlamentaria del domingo pasado. Pero en votos, redondearon 47,7%. Para la Generalitat y quienes favorecen la ruptura con España, la consulta electoral será interpretada como un plebiscito que tiene como fin realizar una Declaración Unilateral de Independencia y proclamar una República catalana.
Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, declaró que esa pretensión es anticonstitucional y se espera que recurra cualquier proclama a favor de la secesión.
Para fortalecer el castigo a quienes insistan en declaraciones rupturistas, el gobierno presentó ante el Parlamento, que la debatirá mañana, una reforma urgente del Tribunal Constitucional. La propuesta permitirá que el Constitucional pueda suspender a cualquier autoridad pública, mediante la inhabilitación, que desobedezca sus resoluciones.
Los independentistas denunciaron que esta reforma “tiene un nombre y apellido: Artur Mas”.
La Candidatura de Unidad Popular (izquierda radical) dejó de lado sus férreas críticas contra Artur Mas, a quien insiste en negar su apoyo para que sea reelegido como titular de la Generalitat, para apoyarlo ahora ante la imputación.
“Estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones de un país por un estado demofóbico. La desobediencia vivida el 9 de noviembre será una práctica habitual de ahora en adelante”.
En el mismo sentido se pronunciaron las dos grandes organizaciones de movilizaciones populares, la Asamblea Nacional Catalana y Omniun. “Ya tenemos un mandato para la construcción de la república catalana. No habrá marcha atrás”, precisaron.
“La imputación no es un hecho aislado. El Estado español niega a los ciudadanos de Cataluña el derecho a expresarse”, denunciaron.
El diario El País sostenía ayer en su principal titulo de portada que Rajoy y Mas se enrocaron en sus posturas tras el duelo elector del pueblo catalán.
