En medio de una crisis habitacional, en la que faltan 1,7 millones de viviendas y hay 5,7 millones de hogares con déficit, el bloque Convicción Federal rechaza que se equipare a un inquilino con un intruso y defiende las garantías constitucionales en los desalojos.
El bloque de senadores nacionales Convicción Federal ratifica su postura frente al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se trata hoy en el Senado de la Nación, la misma que expresaron en el dictamen de minoría que firmaron cuando el oficialismo clausuró el debate en comisiones.
Mientras miles de familias destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, enfrentan salarios que perdieron poder adquisitivo y crecientes dificultades para sostener un techo, los senadores Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) indicaron que "es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad".
Por eso, el dictamen de minoría que defenderán hoy en el debate en el recinto establece una diferencia jurídica clara entre los casos de usurpación y los conflictos derivados de una relación locativa, preservando el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
La propuesta impide que un inquilino en mora sea considerado automáticamente un intruso y garantiza que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin que exista una oportunidad real para ejercer su defensa.
Garantías para los más vulnerables
El proyecto también incorpora mecanismos para que los jueces analicen la naturaleza de cada caso, fortalece la protección de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, y garantiza la intervención de los organismos competentes cuando existan situaciones de vulnerabilidad.
Las diferencias con el dictamen de mayoría, sin embargo, no se limitan al régimen de desalojos. Convicción Federal sostiene una visión estratégica para preservar la soberanía sobre las tierras rurales argentinas, manteniendo los límites a la extranjerización, fortaleciendo los mecanismos de transparencia sobre los beneficiarios finales y resguardando el arraigo productivo y los recursos naturales estratégicos del país.
En materia ambiental, el bloque sostiene la necesidad de mantener y ampliar las herramientas de protección previstas en la Ley de Manejo del Fuego, estableciendo restricciones para impedir cambios de uso del suelo tras los incendios, incorporando la protección de humedales y áreas naturales protegidas y fortaleciendo la restauración de los ecosistemas afectados.
"Defender el derecho de propiedad nunca puede significar eliminar garantías constitucionales ni desconocer la realidad social que viven millones de argentinos", fundamentaron.
"La seguridad jurídica se construye protegiendo derechos, diferenciando situaciones y preservando también la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos y nuestro patrimonio ambiental", concluyeron desde Convicción Federal.
