La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Responde a un pedido de los gobernadores patagónicos, que reclaman fondos y herramientas excepcionales para enfrentar la emergencia ígnea.
En medio de los incendios forestales que castigan a la cordillera chubutense y del reclamo de los gobernadores patagónicos por mayores recursos, el Gobierno resolvió transferir más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, y prevé la distribución de fondos a más de mil entidades de todo el país para la compra de equipamiento, capacitación y gastos operativos.
Según el texto oficial, el monto total asignado asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. A cada una de esas entidades le corresponderán $94.924.971,75, destinados a la adquisición de equipamiento, materiales, indumentaria y otros elementos vinculados a la lucha contra el fuego y a la protección civil de la población, así como al mantenimiento de los recursos ya existentes.
La resolución se conoce en un contexto de emergencia ambiental en el sur del país, donde los incendios avanzan sobre el bosque nativo pese a las lluvias débiles registradas en las últimas horas. En zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, Cholila y Trevelin, el fuego continúa activo y las autoridades locales mantienen el alerta máximo. Desde la Federación Chubutense de Bomberos advirtieron que el personal se encuentra exhausto: “Los bomberos están cansados”, señalaron, al remarcar que algunos brigadistas llevan más de 20 días de trabajo ininterrumpido.
El esquema de distribución de fondos dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional no se limita a las asociaciones de primer grado. La norma también asigna $7.754.639.995,93 a las entidades de segundo grado provinciales, que figuran en el Anexo II de la resolución, para gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 25.054. Un monto idéntico será destinado a esas mismas entidades para gastos de capacitación de bomberos voluntarios y directivos.
Además, se asignaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para afrontar gastos vinculados a fiscalización, adquisición de equipamiento, capacitación, subsidios extraordinarios y otras funciones previstas en la ley. En tanto, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina recibirá $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, y otros $2.584.880.000 para gastos operativos y de representación.
La resolución establece que los pagos se efectuarán de manera progresiva, de acuerdo con los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora del Banco Nación y con las cuotas presupuestarias asignadas a cada trimestre. También se fija como criterio de prioridad el cumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuentas por parte de las entidades beneficiarias. Aquellas instituciones que presenten incumplimientos administrativos no percibirán los fondos hasta regularizar su situación.
El texto oficial remarca, además, que todos los bienes adquiridos con estos subsidios deberán ser inventariados y, en determinados casos, identificados públicamente con la leyenda: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional – Presidencia de la Nación”. Asimismo, se exime a las entidades del pago de impuestos nacionales y tasas aduaneras para la importación de equipamiento.
La decisión del Gobierno se produce mientras los gobernadores del sur del país insisten en la necesidad de avanzar con la ley de emergencia ígnea. En los últimos días, Ignacio Torres, junto a otros mandatarios patagónicos, reclamó que el proyecto sea tratado con urgencia en el Congreso, al advertir que la magnitud del desastre —con unas 230.000 hectáreas afectadas en toda la región— requiere herramientas excepcionales y fondos específicos.
Mientras tanto, el combate contra el fuego continúa en el terreno, con brigadistas llegados desde distintas provincias para reforzar a los equipos locales. En paralelo, en Chubut avanza una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades en el manejo inicial de los incendios.
