El diputado mendocino Julio Cobos lo presentó luego de que el país vecino sancionara su ley. La iniciativa se suma a otras cuatro en la misma dirección.
En Argentina se aprobó la Ley de Muerte Digna en 2012: permite a los pacientes en estado terminal rechazar tratamientos que impliquen sufrimiento o prolongamiento artificial de sus vidas. Los proyectos disponibles en el Congreso buscan legalizar la asistencia médica para morir
El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia através de la sanción de una ley. La onda expansiva de esa novedad legislativa cruzó el Río de la Plata y llegó al Congreso Nacional: se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para que la práctica médica se legalice en nuestro país.
La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino por la UCR Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, que ocupará su banca hasta el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre. El proyecto que ingresó con su firma a través de la Cámara Baja contempla la legalización de la eutanasia y de la muerte asistida.
En concreto, esto es que un médico administre directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante, o que el médico prescriba o proporcione la medicación necesaria para morir y que el solicitante sea quien se la autoadministre.
El texto de la iniciativa describe los requisitos obligatorios para dar acceso a cualquiera de las dos modalidades. El solicitante tiene que ser mayor de edad, argentino o residente de no menos de doce meses en el país. Debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, además de haber recibido información médica completa sobre sus posibilidades, incluyendo las opciones disponibles de cuidados paliativos.
Además, según el texto del proyecto de ley, la persona que aspire a la eutanasia o a la muerte asistida, también conocida como suicidio asistido, debe presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, con testigos y la validación de un juzgado o un escribano. Debe manifestar el consentimiento informado, y puede revocar su decisión en cualquier momento de proceso.
El último proyecto presentado sobre el tema propone legalizar la eutanasia y el suicidio asistido (AFP)
“Presentar el proyecto es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, le explica Cobos a Infobae, y suma: “La aprobación en Uruguay sin duda fue un impulso para presentar este proyecto”.
Es que una vez que un proyecto de ley ingresa al Congreso, no importa a través de qué cámara, tiene dos años para ser tratado. Si eso no ocurre, la presentación del proyecto debe repetirse desde cero. Es la tercera vez que Cobos presenta un proyecto de legalización de la eutanasia y la muerte asistida. Ya lo había hecho una vez en la Cámara de Diputados y otra en el Senado.
La iniciativa contempla la objeción de conciencia para aquellos profesionales que decidan no participar de estas prácticas, a la vez que establece que los centros públicos y privados de salud deben garantizar el acceso al procedimiento en caso de que el solicitante cumpla con los requisitos y mantenga su voluntad. Además, impulsa la modificación del Código Penal de cara a que quienes asistan la práctica no puedan ser denunciados como autores de un delito.
“La sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema, y que un país vecino como Uruguay haya dado luz verde a la ley puede resultar un impulso para el tema. Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable”, describe el diputado radical.
“Sin duda abriría una gran conversación en la sociedad y, como ocurre con estos debates, habrá gente en contra. Pero esta sería una ley que da una solución digna a quien la requiere, y que no obliga a nadie a nada”, explica Cobos. Su proyecto de ley se suma a otros cuatro que impulsan la legalización de la eutanasia que aún tienen estado parlamentario en el Congreso.
María Ludueña vive en Moreno y está postrada hace siete años. Pide acceso a la eutanasia por la vía judicial: la Corte bonaerense instó a revisar su caso
Los proyectos sobre la eutanasia legal no han llegado a tratarse en el recinto de ninguna de las dos cámaras. En el caso del último proyecto presentado, debería tratarse en las comisiones de Legislación penal, Acción social y salud publica y Derechos humanos y garantías de la Cámara de Diputados, antes de que el recinto en pleno se ocupe.
“Ahora mismo el Congreso está ocupándose del presupuesto y queda revisar decretos, emergencias y demás cuestiones. Pero llegará el momento para que se trate un proyecto sobre eutanasia y muerte asistida, y es importante mantener siempre vigente una iniciativa con estado parlamentario”, remata Cobos.
Ahora mismo, en la Provincia de Buenos Aires, un juzgado de Mercedes debe analizar el caso de una mujer de 63 años que pide acceder a la eutanasia. La Suprema Corte bonaerense intercedió ante el pedido de María del Carmen Ludueña, a quien en 2001 le diagnosticaron artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave.
María está postrada en su cama, en su casa de Moreno, desde hace siete años. Sus dolores son crónicos y resistentes a la analgesia. Su pedido fue rechazado en primera y segunda instancia pero sin que se analizara su escenario particular: simplemente se lo rechazó porque la eutanasia no es legal en Argentina, fue un rechazo in limine. La resolución de su caso, mientras no haya una ley que habilite la asistencia médica para morir, deberá ser por la vía judicial.
El país fue pionero en la región en 2012, cuando aprobó la llamada Ley de Muerte Digna. Esa legislación determinó que una persona que padece una enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal pueda rechazar tratamientos médicos que le provoquen sufrimiento o prolonguen su vida en ese escenario.
Los proyectos que apuntan a la legalización de la eutanasia dan un paso más: ya no se trata de no recibir tratamientos médicos, sino de recibir asistencia médica activa para terminar con la vida. Están en manos del Poder Legislativo, que deberá determinar el destino de esas iniciativas mientras la sociedad, en paralelo, también debate estas ideas.
Fuente Infobae
