El organismo abandonó el expediente durante más de seis meses, lo que habilitó a la defensa a pedir la caducidad del reclamo.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil que pretendía cobrarle 22.300 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa de corrupción por la que la expresidenta está presa.
La acción civil, iniciada el 25 de enero de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, buscó el resarcimiento de perjuicios al patrimonio público causados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Los abogados de la exmandataria argumentaron que el último mes de abril se cumplieron seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento. Fue un plazo compartido entre los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.
El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, aceptó este planteo al entender que Vialidad abandonó el caso entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025. A esa ventana de tiempo se le descontaron las ferias judiciales y un período en el que el trámite estuvo suspendido debido a un incidente de caducidad anterior, entre septiembre de 2023 y marzo de este año.
La Dirección Nacional de Vialidad, hoy a cargo de Marcelo Jorge Campoy, había apelado esa decisión. El organismo sostuvo que en septiembre de 2023 contestó una notificación de Carlos Kirchner, quien pidió que se lo corra de la demanda civil luego de ser absuelto en la causa penal.
De acuerdo a la apelación, si se contaba esa presentación como la última acción válida, solo habían transcurrido seis días (o 12 días, si se sumaba la solicitud del 15 de septiembre de 2023 para pedir el expediente en préstamo para digitalizar documentos) hasta la notificación de la suspensión.
Qué dijo la Cámara
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi integraron el voto mayoritario de la Sala III. Ambos magistrados determinaron que la caducidad debía ser confirmada.
En un fallo de 11 páginas, reafirmaron que la última acción que impulsó el caso fue la orden del juez del 17 de marzo de 2023.
Debido a que el caso ya estaba detenido a partir del 18 de septiembre de 2023, los jueces determinaron que los escritos que la DNV presentó después de esa fecha (como el del 21 de septiembre de 2023, el del 29 de septiembre de 2023 y el del 25 de febrero de 2025) no tuvieron valor para impulsar el procedimiento, ya que fueron actos cumplidos mientras el trámite estaba paralizado.
Los camaristas también consideraron que la solicitud para pedir prestado el expediente del 15 de septiembre de 2023 no tuvo importancia, porque Vialidad no era responsable de digitalizar esos documentos y esto no afectó al proceso.
La jueza Florencia Nallar emitió un voto en disidencia, en el que propuso aceptar la apelación y anular la caducidad.
La magistrada recordó que dar un juicio por terminado de esta manera es una medida extrema que debe usarse con mucha cautela, “para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no” puede ser “un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito”.
Nallar observó que, aunque el caso estuvo frenado, las acciones que Vialidad hizo durante ese tiempo (como contestar la absolución de Carlos Kirchner) no debieron ser declaradas inválidas automáticamente, ya que la suspensión no implica necesariamente la invalidez de todos los actos procesales.
Por último, la jueza sostuvo que, después de que el caso se reanudó (el 17 de marzo de 2025), era responsabilidad del juez resolver las cuestiones pendientes antes de pedirle más acciones al organismo demandante. En consecuencia, concluyó que la inactividad de Vialidad después de esa fecha no significó un abandono, ya que en ese momento la obligación de hacer avanzar el juicio correspondía al Juzgado.
Cabe aclarar que todo este proceso civil corre en paralelo y no afecta al decomiso que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2, que busca cobrar 684 mil millones de pesos para resarcir el perjuicio al Estado en la causa Vialidad.
