Lo decidió la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, quien también aceptó que el gobierno de EEUU sea “amicus curiae” del país. Cómo sigue la causa y los caminos que podría tomar la defensa de Argentina.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió hoy que Argentina podrá esperar la apelación por la entrega de acciones de la empresa sin entregar ni esos títulos ni otras garantías. O sea, suspendió la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado.
Se trataba de un fallo muy esperado en las últimas horas y de las opciones que tenía el tribunal terminó optando por la que más beneficia al país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, detalló en X Sebastián Maril de Latam Advisors. “Ahora, el país puede apelar la entrega de las acciones sin necesidad de preocuparse por entregar ningún activo como garantía”, amplió el experto en diálogo con Infobae.
Desde el ministerio de Economía celebraron de inmediato la decisión, que también aceptó que el gobierno de EEUU sea “amicus curiae” del país.
“El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como “‘amigo de la corte’”, tuiteó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, en tanto, destacaron la medida firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, clerk (secretaria) del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
Las tres juezas que que decidieron a favor de Argentina fueron Myrna Pérez, Sarah A. L. Merriam y María Araújo Kahn. No está claro aún si serán las mismas que decidirán las otras apelaciones en curso del caso.
Desde el organismo que nuclea a los abogados del Estado y comanda Santiago Castro Videla, agregaron que la decisión no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023. “Dicho fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación. Durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”, dijeron.
“Es una muy buena noticia porque el país había dicho que no podía entregar las acciones por muchos motivos, pero principalmente porque necesitaría una ley del Congreso. Además, porque es un país amigable de Estados Unidos y sería incorrecto meterse con su soberanía. La verdad, fue un fallo corto y no sabemos aún el razonamiento de fondo detrás de él”, agregó Maril.
“Están diciendo que pedir las acciones de YPF como forma de pago en esta instancia es ir muy lejos. Más sabiendo que no se pueden transferir de Buenos Aires a Nueva York sin la aprobación del Congreso y que este tema será tratado por la misma corte en unos meses”, destacó otra fuente cercana al caso.
Juan José Carbajales, experto en temas energéticos y CEO de la consultora Paspartú, explicó que “parecería tratarse de un empoderamiento al argumento de nuestro país en cuanto a la aplicación del principio de “Inmunidad Soberana de los Estados extranjeros” (ley FSIA vigente en EEUU desde 1976) y de la doctrina de los actos soberanos de los Estados (contenida en Tratados Internacionales)“.
Desde la cuenta oficial de X de YPF –que no está involucrada directamente en la causa desde 2023 y que, en general, no suele hacer menciones públicas sobre el tema–, también celebraron el fallo. El posteó fue retuiteado por el presidente Javier Milei.
La causa
La medida está enmarcada en el extenso juicio por la expropiación de YPF, una decisión política que se tomó en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Por esa causa la jueza Loretta Preska ya condenó hace dos años al Estado a pagar una cifra multimillonaria que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones.
Burford Capital, un bufete inglés especializado en comprar este tipo de juicios e invertir en llevarlos adelante con la promesa de cobrar a futuro, es el principal beneficiario de la condena.
El país había pedido un stay, o freno, a la orden de Preska de entregar las acciones de la petrolera que están en manos del Estado (51%) a Burford mientras se decide la apelación de fondo. Y hoy la Cámara falló a su favor.
Esta es una medida administrativa puntual, ya que el 25 de septiembre está prevista la presentación de escritos argumentales para la apelación formal de la orden de turnover de acciones en la corte de Apelaciones. Y la semana del 27 de octubre, luego de las legislativas, se llevará a cabo la primera audiencia para empezar a tratar la apelación de fondo, del fallo entero de Preska que obliga a pagar a la Argentina. O sea, la Cámara decidirá –se estima que a comienzos del año próximo– si la condena de la jueza es correcta o no.
Entre los argumentos que presentó Argentina para no entregar las acciones figura que no respeta lo que se conoce como comity, o principio de cortesía internacional; que se viola la inmunidad soberana de Argentina (algo que también dijo EEUU en su presentación); y que las acciones de la empresa están depositadas en el país, y no en Estados unidos, y que nada tienen que ver con la actividad comercial de la petrolera en la que está cimentado el caso que plantea Burford.
"Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos", esgrimieron semanas atrás los abogados estadounidenses del país, un equipo que comanda la Procuración del Tesoro de la Nación, un organismos que ahora preside Santiago Castro Videla.
Otras aristas del caso
En paralelo, se cursan otros pedidos de Burford, que quiere negociar con Argentina, algo que no consiguió nunca a lo largo de estos años.
Uno de ellos es el “alter ego”. Se trata de una medida muy compleja de probar por la que el demandante quiere demostrar que el Estado e YPF son lo mismo, que la empresa no es independiente y, por lo tanto, podría cobrar la deuda de sus acciones o tenencias. No sólo YPF, en el camino busca demostrar que pasa lo mismo con otras empresas vinculadas con el Estado y hasta con el Banco Central. En ese contexto, pide quedarse con las reservas en oro que este gobierno envió al exterior, no está claro a qué país, el año pasado.
Como se dijo es algo muy difícil de probar, pero en el trámite logra incomodar. Mientras se discute el “alter ego” en el estrado de Preska, Burford pidió que el Gobierno entregue chats, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de Luis Caputo y Sergio Massa, los dos últimos ministros de Economía. Preska dijo que Argentina tiene que entregar esos datos y el país dijo que los tiene.
