Los jueces pidieron más personal para armar un equipo que se dedique al caso; el rol de Estados Unidos.
Apenas termine, en una semana, la feria judicial de invierno, se anunciaría la fecha de un nuevo juicio oral y público contra Cristina Kirchner; esta vez, por la firma del Memorándum con Irán.
Los jueces a cargo de ese proceso son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, quienes pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les habilite nuevos contratos para poder empezar con el proceso.
Reclamaron sumar nueve empleados, ya hoy hay una sola persona del tribunal oral abocada a la causa, dijeron a LA NACION en los tribunales. No buscan reforzar el equipo existente, sino armar uno nuevo desde cero.
El juicio oral podría comenzar en 2026, señalaron fuentes judiciales que dijeron que esperan “personal” y “la prueba pedida por las partes”.
La Corte rechazó el 5 de diciembre del año pasado todos los recursos de las defensas y despejó el camino para que el juicio oral y público se inicie lo antes posible.
Pasaron siete meses y nada ocurrió. Primero, porque se discutió la integración del tribunal, ya que hubo recusaciones y excusaciones; luego, por “cuestiones de agenda”, según se informó. “Es una situación sin precedentes de un tribunal integrado por jueces ajenos [que no son los titulares del tribunal] y sin personal para semejante causa”, se quejaron en Comodoro Py.
En esta causa hay poco que hacer antes del juicio, dijeron funcionarios judiciales que revisaron el caso, porque el tribunal oral que intervino con anterioridad había prácticamente agotado la instrucción complementaria.
Sin embargo, fuentes del caso mencionaron que se está respondiendo a los últimos pedidos de prueba, admitiendo y rechazando las medidas según el caso.
Y señalaron que están reclamando la prueba que aún no llegó; por ejemplo, la autorización de Interpol para que declaren dos funcionarios de ese organismo, que fue enviada hace casi un mes y aún no hay respuesta.
El juicio que cayó
Los jueces del tribunal oral Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini estaban por llamar a juicio, cuando decidieron sorpresivamente hacer unas audiencias preliminares y, tras escuchar a los defensores, a los querellantes y al fiscal Marcelo Colombo, absolvieron a la expresidenta.
Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.
La Cámara de Casación indicó que la vicepresidenta debe ser juzgada por su presunta participación para beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.
Además de Cristina Kirchner, serán juzgados Eduardo Antonio Zuaín, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero cuatro días después de efectuar esa presentación.
En el expediente judicial, la AMIA, que es la entidad mutual de la comunidad judía, no es querellante en este juicio por la firma del Pacto con Irán, como sí lo es, en cambio, en la causa en que se investigan a los terroristas que demolieron su edificio de Pasteur 633 desde los cimientos. “No es un asunto que estemos llevando”, dijeron en la entidad sobre el caso del memorándum.
La DAIA sí es querellante en este juicio, aunque con muy bajo perfil. Quienes -como acusadores particulares- tuvieron un rol preponderante en el proceso son los familiares Luis Czyzewski Y Mario Averbuch, patrocinados por el abogado Tomás Farini Duggan, que empujaron la realización de este nuevo juicio.
Pero también el proceso tiene una dimensión internacional con el interés de Israel y de los Estados Unidos para que se lleve adelante.
El embajador de Israel en Argentina Eyal Sela dijo a LA NACION: “No corresponde que yo emita una opinión sobre decisiones de la justicia argentina. Lo que sí puedo decirle, y sin involucrarme en las cuestiones internas del país, es que la lucha contra el terrorismo y sus históricos promotores (sabe exactamente a qué país me refiero), es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Pasaron 31 años de AMIA, y aunque su pregunta no lo refiera, no quiero olvidar los 33 desde el atentado la Embajada: los familiares y sobrevivientes, y es más, la sociedad toda merecen que se haga justicia”.
En cambio, sin eufemismos, el designado embajador norteamericano en la Argentina Peter Lamelas dijo esta semana al Congreso norteamericano (que analiza su postulación) que iba a llegar a la Argentina para asegurarse “de que Cristina [Kirchner] reciba la justicia que bien merece”.
Tras afirmar que Donald Trump le indicó trabajar en apoyo de su “amigo” Javier Milei, dijo que Cristina Kirchner, si no fuera expresidenta, probablemente cumpliría su condena en una prisión y no en su casa.
Y fue mas allá cuando la vinculó con el encubrimiento del ataque a la AMIA y eventualmente, con la muerte del fiscal Nisman.
“Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento” dijo Lamelas.
Y agregó, cuando se refirió a la muerte de Nisman: “Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman”.
El kirchnerismo a coro repudió los dichos de Lamelas, presionó en el Senado para que no se le de acuerdo y Cristina Kirchner tuiteó: “Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son ‘Las Fuerzas del Norte”. Y parafraseando la consigna Braden o Perón, escribió “Argentina o Lamelas”.
Donald Trump, a diferencia de sus antecesores, ha hecho gala y se enorgullece de interferir en los asuntos judiciales de otros países, cuando sus enemigos son acusados, por ejemplo, Irán, o cuando sus amigos son sometidos a la justicia, como en el caso de Jair Bolsonaro.
Por ejemplo, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa para el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, y un número no especificado de otros funcionarios judiciales, acusándolos de llevar a cabo una “caza de brujas política” contra el expresidente Bolsonaro.
“Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos”, dijo.
Y agregó que “la cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los norteamericanos”.
“Por lo tanto, he ordenado la revocación de visas para Moraes y sus aliados en la corte, así como para sus familiares directos, con efecto inmediato”, señaló Rubio, por indicación de Trump.
