El bufete inglés presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores”, dijeron.
Burford Capital, el principal beneficiario del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EEUU, con fuertes críticas al gobierno de ese país, quien la semana se había presentado como amicus curiae del país.
El bufete inglés que cotiza en Londres y Wall Street pidió que la corte no acepte a EEUU en la causa como “amigo del tribunal”. Con todo, allegados a la causa interpretaron esta tarde ante Infobae que el pedido de amicus curiae no refleja el punto de vista del Gobierno estadounidense, “funcionarios de bajo rango no involucrados en la estrategia de la política exterior de EEUU”, y que en el pasado EEUU sí apoyó la posición de fondo del demandante. Destacaron que ese país tiene un fuerte interés en “garantizar que los Estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como actores comerciales no gocen de inmunidad frente a demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales”.
Lo cierto es que la presentación de esta tarde “no estaba prevista” según otras fuentes vinculadas a esta extensa demanda que ya lleva 10 años, y que se da en el contexto de una decisión importante y puntual que deberá tomar esta semana ese tribunal de segunda instancia: si se suspende el fallo de la jueza Loretta Preska de semanas atrás que ordenó entregar las acciones que tiene el Estado en YPF (51%) como parte de pago por la condena en primera instancia.
Burford dijo que la presentación de funcionarios del Departamento de Justicia de Donald Trump fue “sumamente inusual” y dedicó 10 páginas a desmentir los argumentos de los fiscales estadounidenses, ya que, dijeron, se basan “en premisas erróneas” y “no aporta nada sustancial”.
“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, agregaron.
Además, reiteraron que su objetivo es cobrar la demanda que ganaron en primera instancia por USD 16.000 millones. Cree que la presentación de la semana pasada generó “efectos adversos” a nivel local “ya que la prensa y los funcionarios públicos argentinos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”. O sea, espera cobrar los más de USD 17.500 millones que ya suma la causa con los intereses, o al menos negociar en ese sentido.
“Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, dijo Burford.
Además, el estudio de abogados dijo que intentó, sin éxito, explicar su postura al gobierno de EEUU. “El gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso —errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, escribió.
Amicus curiae
La semana pasada, EEUU presentó su apoyo al país en distintos escritos firmados por Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal, en los que se solicitó que se respete la inmunidad soberana extranjera.
“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países", detallaron los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU.
También se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que si entrega y transfiere las acciones de YPF a los acreedores en Estados Unidos “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.
“Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”, explicaron.
“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, dijeron desde la Procuración del Tesoro, el ente que encabeza Santiago Castro Videla, que está, además, en un proceso de purga de funcionarios en medio de sospecha de filtraciones y venta de información.
