Desde la Casa Rosada dieron la orden de despedir funcionarios de la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa del Estado. Hablan de una reestructuración del organismo y disolución de unidades internas.
La Casa Rosada dio la orden de despedir funcionarios de la Procuración del Tesoro tras enterarse de presuntas filtraciones y venta de información sobre la causa del Estado Nacional contra Burford por la estatización de YPF. Aunque prima el hermetismo sobre cómo llegaron esas sospechas, en el Gobierno hablan de que habrá una reforma al interior del organismo.
“Creemos que hubo venta de información”, afirmó una fuente inobjetable del Gobierno, alegando que habría habido una filtración al interior de la Procuración del Tesoro, el área que se encarga de llevar todos los servicios jurídicos en representación del Estado Nacional.
Según detallaron fuentes gubernamentales, en las últimas semanas hubo preocupación en las filas de la Procuración por diferentes asuntos relativos a la estrategia judicial que se revelaban sin haber sido autorizadas por los altos mandos del organismo, que no se caracteriza por ese tipo de manejos, ya que puede comprometer el normal desenvolvimiento de la posición argentina en ciertos litigios de alta sensibilidad.
El Procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, quien fue llevado a la gestión libertaria a través de la sugerencia del entorno de Santiago Caputo. Aunque la venta de información habría sucedido, en el Gobierno optan por no ratificarlo en público debido a que eso implicaría generar mayor ruido a todo el proceso. Tampoco qué tipo de archivos o datos se habrían filtrado. Se presume que pudo haber ido a los fondos beneficiados por una derrota argentina como Burford.
Luego de estos episodios, el funcionario ejecutará una disolución de diferentes áreas internas que tiene el organismo. Incluso, se prevé que tras la revelación de esta información se conozca un comunicado que detalle las nuevas reestructuraciones. “El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, afirmaron desde la Casa Rosada.
Esta cuestión sucede el día después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara que volverá a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, afirmó un escrito de 10 páginas presentado por el Gobierno de Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
El anuncio, firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, representa un nuevo capítulo en la disputa legal iniciada en 2012.
El conflicto se centra en el pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa. En 2023, Burford fue declarado principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular.
La estrategia oficial argentina busca sumar apoyos internacionales, promoviendo que otros países también se presenten como amicus curiae ante la corte de apelaciones. Según trascendió, la lista de posibles aliados incluiría a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, así como a Italia, Francia y Alemania en Europa, aunque no existe confirmación oficial y podrían sumarse más naciones. Esta táctica conjunta involucra a la Cancillería y la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la causa, junto a los estudios jurídicos contratados en el exterior.
El respaldo de Estados Unidos no es inédito. En octubre del año anterior, durante la presidencia de Joe Biden, el país norteamericano ya había recomendado a la jueza Preska que desestimara el pedido de Burford para quedarse con las acciones de la petrolera. En aquella oportunidad, la presentación, firmada por Damian Williams, entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, argumentó que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF solicitada por los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana. Además, subrayó que la postura histórica del gobierno estadounidense sostiene que sus jueces carecen de competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros.
A pesar de estos argumentos, la jueza Preska, identificada con el partido Republicano y una orientación conservadora, desoyó la recomendación y, hace 10 días, ordenó el traspaso de las acciones. Esta situación podría repetirse, ya que los jueces escuchan los planteos de los amicus curiae, pero no siempre los adoptan. Así ocurrió también con el fallecido Thomas Griesa, antecesor de Preska, en la causa de los hold outs durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, analizó en X que “la intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”.
